El Gobierno turco, que ha atribuido a los milicianos del Partido de los Trabajadores del Kurdistán (PKK) y a Estado Islámico la autoría de los últimos atentados que se han registrado en el país, se enfrenta a una serie de desafíos y amenazas.
El Ministerio del Interior ha señalado a través de un comunicado que 1.067 de los sospechosos interrogados podrían tener vínculos con el PKK, el cual figura como organización terrorista en Estados Unidos, Turquía y la Unión Europea.
Entre ellos se encontraban al menos 501 sospechosos de estar relacionados con el influyente clérigo Fetulá Gulen, al que el Gobierno turco acusa de haber orquestado el intento de golpe de Estado que tuvo lugar el 15 de julio.
Las autoridades han señalado que al menos una veintena de personas han sido arrestadas por vínculos con Estado Islámico. Desde que se produjo la intentona golpista, el Gobierno turco ha suspendido a más de 100.000 funcionarios y ha detenido a cerca de 40.000 personas.
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