UGT-A exige a la Junta que incluya en la oferta pública de empleo plazas de intérpretes de signos

Esta petición la han trasladado este lunes la secretaria de Administración Autonómica de la Federación de Servicios Públicos de UGT-A, Esperanza Morales, y el responsable andaluz de la Enseñanza Privada en la Federación de Enseñanza (FETE) de UGT-A, Jesús Bru, quienes han mantenido un encuentro con la directora general de Recursos Humanos de la Consejería de Educación, Antonia Cascales.

"Queremos que desde la Consejería de Educación, los intérpretes de lenguaje de signos presten servicio a las comunidades educativas y también a los centros sanitarios, a la televisión pública autonómica --Canal Sur-- y todos los lugares en los que tengan que prestar sus servicios para las personas con discapacidad que los requieran. Estamos hablando de un servicio público de atención general para toda la ciudadanía", explica Esperanza Morales.

La dirigente sindical recuerda que según la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad, las administraciones públicas tienen que ir avanzando en políticas públicas que den lugar a la plena inclusión de las personas con discapacidad. "La oferta pública de plazas de intérprete de signos favorecería al sector de Educación, fundamental para la integración desde la etapa escolar, con unos profesionales públicos que conllevarían unos servicios de mayor calidad y eficiencia que si está en manos de empresas privadas", apunta.

La responsable de la Consejería de Educación se ha comprometido a expresar la necesidad para la oferta de empleo público para los presupuestos de 2017, algo que no satisface a los responsables de UGT-A, que demandan que las plazas sean ofertadas ya este mismo año.

"En Andalucía existen alrededor de 180 trabajadores que desempeñan las funciones de intérprete de lenguaje de signos en los distintos centros educativos dependientes de la Consejería de Educación desde hace más de una década", explica la responsable de Administración Autonómica en la FSP de UGT-A, quien ha añadido que "ya el propio Defensor del Pueblo andaluz recomendó a la Junta la necesidad de crear esas plazas e incluirlas en la oferta pública de empleo, pero lo cierto es que a día de hoy esas plazas se siguen ofertando con servicios externalizados lo que conlleva una precariedad laboral en los contratos y una desregulación en su situación laboral".

Ha exigido a la Junta de Andalucía que "corrija cuanto antes esta situación y dé a los compañeros profesionales del lenguaje de signos el trato que se merecen. Tanto los que desempeñan su labor en los centros educativos como los que prestan servicios en Canal Sur, centros sanitarios y demás. Merecen ser tratados como servidores públicos con la categoría laboral que les corresponde para dar un mejor servicio a las personas con discapacidad que lo requieren", concluye Esperanza Morales.