La Unión Progesista de Fiscales (UPF) se ha felicitado este miércoles por el acuerdo en el que el Consejo Fiscal advierte de la imposibilidad de cumplir con el plazo a que le obliga el artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim)-y que cumple el próximo 6 de junio- para clasificar todas las causas judiciales abiertas en España como complejas o no complejas, lo que determinará el plazo máximo para su instrucción. Califica la situación de "callejón sin salida al que nos ha llevado la irresponsabilidad de quien ha legislado".
Para la asociación progresista de Fiscales, la unanimidad del Consejo no es sino el reflejo del sentir de la Carrera Fiscal "y el resultado de una desastrosa forma de legislar, interpretar y ejecutar una norma". Consideran que la reforma se ha realizado "pensando en su rédito electoral y no en los ciudadanos, auténticos perjudicados de esta malograda reforma".
En un duro comunicado hecho público al término de la reunión, el órgano consultivo del Ministerio Fiscal señala que "la actual tesitura no permite a los fiscales asumir con seguridad la parcela de responsabilidad que les corresponde en la tramitación en plazo de los procedimientos penales".
El Consejo Fiscal considera que el problema surge por la falta de atribución definitiva de la investigación de los delitos al Ministerio Fiscal. Considerando los medios actuales, los términos del artículo 324 "resultan de difícil o imposible cumplimiento, máxime en ausencia de la prometida instrucción al cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia", señala el Consejo Fiscal.
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