En concreto, Adicae pide la anulación de los contratos de 354 demandantes y que se les devuelva el dinero invertido, con pérdidas de 20.000 euros de media. La asociación entiende que los contratos de venta de este producto fueron abusivos, ya que no superaron el doble control de transparencia exigido.
El presidente de Adicae, Manuel Pardos, ha explicado que los efectos "podrían extenderse a decenas de miles de afectados por este fraude" y ha recordado que Caja Duero emitió 200 millones de euros de subordinadas.
"Aparte de la engañosa comercialización a todos los afectados por ocultarles los riesgos, se enjuicia la propia estructura de las subordinadas, un producto inentendible para cualquier usuario por la falta de transparencia del propio producto, lo que el Tribunal Supremo ha consagrado ya como segunda transparencia", indica Pardos.
El presidente de Adicae ha manifestado que cinco años después de su venta "hay entidades como Unicaja y sus cajas que todavía siguen resistiéndose a pagar el dinero defraudado, que no quieren reconocer el fraude de las preferentes y subordinadas", declarado ya en sentencias judiciales.
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