Palma, 6 feb.- Esta medianoche finaliza el plazo concedido por el juez instructor del caso Nóos, José Castro, para que Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres constituyan una fianza civil de casi 8,2 millones de euros por las posibles responsabilidades pecuniarias que puedan derivarse de esta causa judicial.
El pasado día 30, el titular del juzgado de instrucción número 3 de la capital balear ordenó al duque de Palma y a Torres aportar de forma solidaria 8.189.448,44 euros en concepto de fianza de responsabilidad civil en esta causa que investiga el presunto desvío de 6,1 millones de fondos públicos a través del Instituto Nóos.
En el auto en el que impuso la fianza, el juez advertía a los dos principales imputados de que si no depositaban la fianza en cinco días hábiles, plazo que acaba hoy, se procedería "al embargo de sus bienes en cantidad suficiente para cubrirla y que se hará efectiva con cargo a la totalidad de sus patrimonios".
Al cerrar el juzgado de Instrucción a las 14.00 horas no se había registrado ninguna documentación relacionada con dicha fianza, durante la tarde tampoco se ha recibido en los juzgados de guardia y no es previsible que llegue antes de la medianoche.
Si a las 0.00 horas el marido de la infanta Cristina y su exsocio no hubieran satisfecho la fianza, el juzgado puede iniciar el proceso conocido como "apremio" y poner en marcha los trámites para proceder al embargo de sus bienes hasta cubrir los casi 8,2 millones de euros, pero tampoco es previsible que ese procedimiento comience de forma inmediata, han informado fuentes jurídicas.
De hecho, en el auto en el que Castro dictó la fianza, también abrió el periodo de tres días para que los abogados de Urdangarin y Torres presentaran recursos contra la decisión, plazo que terminó el lunes. Sin embargo, ambos imputados registraron sendos recursos ante el Juzgado ayer martes pasadas las 13.00 horas.
Los recursos de reforma no paralizan la obligación de depositar la caución por responsabilidad civil.
El juez instructor del caso Nóos considera que en la instrucción se han hallado "más que suficientes indicios de criminalidad" en la actuación de Urdangarin y Torres al frente del Instituto Nóos, según afirmó en el auto en el que les impuso la fianza.
Apuntó a la comisión por parte de ambos de los delitos de falsedad documental, prevaricación administrativa, malversación de fondos públicos, fraude a la Administración y tráfico de influencias en varios de los convenios que suscribieron a través de Nóos.
La cifra, que se ajusta con exactitud a lo que habían solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el Sindicato Manos Limpias, corresponde a los fondos públicos de Baleares y la Comunidad Valenciana percibidos por Nóos entre 2004 y 2007 por diversos contratos presuntamente irregulares, más un tercio añadido de esa cantidad como se hace habitualmente en cálculos procesales.
Hemos bloqueado los comentarios de este contenido. Sólo se mostrarán los mensajes moderados hasta ahora, pero no se podrán redactar nuevos comentarios.
Consulta los casos en los que lainformacion.com restringirá la posibilidad de dejar comentarios