Abierta una investigación judicial por una indemnización sospechosa a Tapie

París, 18 sep.- La justicia francesa abrió hoy una investigación sobre la indemnización que recibió del Estado el empresario y exministro Bernard Tapie, validada en 2008 por la entonces titular de Finanzas, Christine Lagarde (hoy al frente del FMI), por considerar que hay sospechas de que fue irregular.

El fiscal de París indicó en un comunicado que esta investigación "contra X" (que no identifica a un presunto responsable) se añade al procedimiento abierto contra Lagarde por el Tribunal de Justicia de la República, competente para juzgar a personas aforadas como la entonces ministra, ahora directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

La actuación actual del fiscal se justifica por las sospechas de uso abusivo de poderes sociales y por receptación en perjuicio del Consorcio de Realización (CDR), organismo estatal encargado de la privatización del banco Crédit Lyonnais, que había estado en el origen del contencioso con Tapie.

El Ministerio Público insistió en que son dos los procedimientos abiertos en este caso, uno ante el Tribunal de Justicia de la República por malversación de caudales públicos y complicidad en una falsificación, y el segundo el lanzado ahora.

Este último tiene su origen en la denuncia presentada el 9 de junio de 2011 por el procurador general del Tribunal de Cuentas.

En el fondo del asunto están las indemnizaciones de unos 400 millones de euros de dinero público que recibió Tapie por decisión de una polémica instancia arbitral en cuyas manos había dejado Lagarde en 2007 la resolución final del largo contencioso de Tapie con el Estado.

Tapie, que estuvo en la cárcel por diversos escándalos vinculados a su actividad empresarial en los años 80 y comienzos de los 90, al salir de prisión se querelló por la confiscación de una de sus compañías, la marca deportiva Adidas.

Denunció en concreto la venta de Adidas por Crédit Lyonnais, entonces de propiedad estatal, por un precio muy inferior al real. Los tribunales le dieron la razón y, para finiquitar el caso Lagarde consintió que fuera una instancia arbitral privada la que estableciera las indemnizaciones, cuyo monto le ha sido muy recriminado política y judicialmente.