Los abogados de la defensa y de la acusación particular del caso Benítez llevan a cabo un último intento para alcanzar un acuerdo que evite el juicio y condene a una pena mínima por homicidio a los agentes de los Mossos d'Esquadra acusados de provocar la muerte del vecino del Raval en 2013.
A un hipotético pacto solamente se opone la acusación popular, ejercida por la Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos (ACDDH), mientras que lo suscribirían las defensas de los mossos y la acusación particular, y lo aceptaría también la Fiscalía.
Para poder llegar a este pacto, el abogado de cuatro de los agentes, José María Fuster-Fabra, había presentado un escrito pidiendo expulsar a la ACDDH de la causa alegando que, según el Estatuto de la Víctima, las asociaciones solo pueden defender a las víctimas con su consentimiento; un argumento que la Audiencia de Barcelona rechazó.
Sin embargo, tras un recurso, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha acogido este jueves una vistilla donde las partes han expuesto los argumentos a favor y en contra sobre la posibilidad de expulsión de la asociación de la causa.
El abogado de la hermana de la víctima, David Aineto, ha agradecido a la ACDDH su trabajo como acusación popular pero ha recalcado en la vista que la familia quiere ahorrarse el sufrimiento de un juicio largo --con jurado popular-- y por eso aceptaría el pacto con determinadas condiciones.
Por su parte, la abogada de la asociación, Laia Serra, considera que en esta causa no solamente se defienden los derechos de la familia sino de toda la ciudadanía por un delito cometido por policías, y ella cree más adecuado que los mossos sean juzgados ya que podrían ser condenados a una pena mayor por homicidio intencionado.
EL JUICIO PREVISTO PARA EL LUNES
El TSJC se pronunciará sobre esta petición de expulsión probablemente el próximo lunes, día en que está previsto que comience el juicio contra los seis agentes de los Mossos acusados de homicidio y contra otros dos por delitos de obstrucción a la justicia, durante la reducción el 5 de octubre de 2013 al vecino del Raval Juan Andrés Benítez que desembocó en su muerte.
El pacto implicaría una condena inferior a dos años de cárcel para los seis agentes por un homicidio imprudente y una pena mínima a los otros dos policías por obstrucción a la justicia; todo ello, siempre con un reconocimiento de los hechos y una indemnización a la familia de unos 100.000 euros.
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