Activistas de Paraguay exigen juzgar a responsables de crímenes de dictadura

  • Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron hoy el procesamiento de los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en un comunicado firmado por la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y otras asociaciones.

Asunción, 10 dic.- Organizaciones defensoras de los derechos humanos exigieron hoy el procesamiento de los responsables de los crímenes cometidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), en un comunicado firmado por la Coordinadora de Mujeres Trabajadoras Rurales e Indígenas (Conamuri) y otras asociaciones.

Con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se celebró hoy, Conamuri denunció que "los cómplices, encubridores y responsables de los crímenes cometidos durante ese periodo siguen impunes, disfrutando de los bienes mal habidos".

En Paraguay no existen imputaciones de crímenes de lesa humanidad contra los responsables de la dictadura.

La Comisión de Verdad y Justicia registró 425 ejecutados o desaparecidos durante la dictadura y casi 20.000 detenidos, la gran mayoría víctimas de golpizas, picana eléctrica, quemaduras y otras formas de tortura.

Además, Conamuri recuerda que 132 líderes campesinos han sido asesinados desde el final de la dictadura, los dos últimos durante los cien días de gobierno de Horacio Cartes, que asumió la presidencia en agosto de este año.

El comunicado critica también la injusticia social de Paraguay, donde 1.165.745 paraguayos viven en situación de pobreza extrema y otros 930.721 en pobreza no extrema, de una población aproximada de 6,5 millones, según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

Conamuri se hace especialmente eco de las condiciones de vida en los Bañados de Asunción, los asentamientos precarios junto al río Paraguay.

Según sus datos, en los Bañados "existen más de 75.000 personas que se debaten en la pobreza, sin servicios básicos y sin acceso a una vivienda digna".

A su vez, el grupo incide en la precariedad de los derechos laborales, los ataques a la libertad sindical, los despidos por motivos sindicales o políticos y la "sistemática ilegalización de las huelgas" por parte de los empresarios y el Gobierno.

Asimismo, Conamuri reprocha al Gobierno las supuestas injusticias cometidas contra las comunidades indígenas de Paraguay, muchas desalojadas de sus tierras, al igual que el sector campesino, por los intereses de las trasnacionales ganaderas y de la soja, según ese grupo.

Paraguay es el país con la segunda mayor concentración de tierras en el mundo.

El 2,6 % de los propietarios detentan el 85,5 % de la superficie agraria, según la Organización de la ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO).

Conamuri también destaca como un elemento negativo la, a su juicio, excesiva concentración de poderes de Cartes, así como la Ley de Defensa Nacional, aprobada para enviar de inmediato fuerzas militares a las departamentos donde presuntamente opera la guerrilla del Ejército del Pueblo Paraguayo.

La aplicación de esa Ley, advierte Conamuri, elude "la declaración del estado de excepción, sin ceñirse a un territorio específico y sin la autorización parlamentaria".

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