Activistas Greenpeace escalan al tejado del Congreso contra la Ley de Costas

Madrid, 9 may.- Ocho activistas de Greenpeace han sido detenidos hoy tras protagonizar una protesta en el Congreso, cuando un pequeño grupo ha escalado por los andamios de la fachada para desplegar una pancarta en el tejado del edificio, en pleno debate de la reforma de la Ley de Costas, que ha sido aprobada esta tarde.

Los detenidos han pasado esta tarde a disposición judicial de la Audiencia Nacional donde serán interrogados por el juez Javier Gómez Bermúdez por un delito contra las instituciones del Estado, en una acción que ha generado una polémica entre los sindicatos policiales a raíz de las palabras del presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha reconocido "fallos de seguridad" en la Cámara Baja.

La acción de Greenpeace se desarrolló sobre las nueve de la mañana, cuando dentro del hemiciclo comenzaba el debate sobre la reforma de la Ley de Costas, que, según critican los ecologistas, abre la vía a la privatización del litoral.

Los activistas llegaron al Congreso por sorpresa en una furgoneta que frenó bruscamente y muy rápidamente se bajaron del vehículo, en el que se quedaron esperando el conductor y el copiloto.

Acto seguido, se dividieron en dos grupos y mientras varios de ellos pretendían escalar los andamios que cubren la fachada trasera del Congreso, que está en obras, otros quisieron acceder al tejado por los andamios de la fachada principal.

Uno de ellos consiguió colgarse del frontispicio de la fachada para intentar desplegar una pancarta con el lema "El PP vende nuestra costa", ya que los policías le dejaron que lo hiciera porque interceptarle en mitad de la ascensión hubiera sido muy arriesgado para la integridad física de los agentes y el propio activista, según fuentes policiales.

No obstante, agentes de la Policía Nacional subieron inmediatamente hasta allí, les redujeron, identificaron y detuvieron a ocho de los activistas.

La protesta de Greenpeace no ha pasado desapercibida para el presidente del Congreso, Jesús Posada, que ha reconocido "fallos de seguridad" en la Cámara cuando los activistas han conseguido saltar la valla de seguridad y escalar hasta el frontón del Palacio.

"No me gusta nada, es un fallo de seguridad, pero quiero diferenciar estas protestas de las que ha habido en el pasado, que eran atacando directamente a diputados, con insultos y que al final terminaban en violencia", ha recalcado.

Las declaraciones de Posada en los pasillos del Congreso han provocado reacciones contradictorias entre los principales sindicatos policiales.

Así, la Confederación Española de Policía (CEP) ha criticado al presidente de la Cámara Baja y ha elogiado la actuación de los policías que han detenido a los activistas que han tratado de escalar la valla de la institución.

Para la CEP "la intervención policial ha sido todo un ejemplo de reflejos por parte de la Unidad de Intervención Policial (antidisturbios) que no tiene como misión la protección del edificio del Congreso sino la prevención y, en su caso, restablecimiento del orden público en la calle".

La opinión de este sindicato policial no coincide con la del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que ha pedido a Interior que cese al comisario jefe del Congreso ante el "evidente" fallo de seguridad que se ha producido.

Por su parte, la directora de campañas de Greenpeace, María José Caballero, ha explicado a Efe que la acción quería servir de protesta por la aprobación de la reforma de la Ley de Costas.

"Terminan 25 años de protección para el litoral con esta reforma promovida por el PP, que lo que hace es desproteger la costa, desvalorizarla, porque en lugar de un sitio a proteger entiende que es un sitio a ocupar", ha explicado.

Greenpeace ha denunciado "la falta de rigor" de esta reforma legislativa y ha recordado que una docena de núcleos costeros quedarán exentos de cumplir la ley, mientras que se reducirá la franja de protección de la costa de 100 a 20 metros en determinados tramos y se dejarán sin protección a algunos de los más importantes humedales costeros y dunas.

Finalmente, el Congreso ha aprobado la ley, que el PP defiende como una "protección" para el litoral, que evitará incluso casos como el del hotel Algarrobico, mientras buena parte de la oposición, y numerosas ONG, la tildan de "amnistía" y de un paso más para "privatizar" la costa española.