Luis Alfredo Martínez
San Salvador, 20 ago.- La crisis que mantuvo en vilo a El Salvador por más de dos meses por la anulación de la elección de 20 magistrados finalizó con un acuerdo político que deberá ser cumplido por el Parlamento, al margen de un fallo de la Corte Centroamericana de Justicia que avaló la designación de jueces.
El convenio, firmado anoche por los seis partidos con representación legislativa y el presidente del país, Mauricio Funes, tras 17 rondas de negociaciones iniciadas el 24 de julio, ha generado satisfacción en organismos de derechos humanos, sectores políticos y al interior del Poder Judicial, dividido por la crisis.
Funes destacó al anunciar el acuerdo que la negociación fue "el mecanismo más eficaz" para superar la crisis y lograr "el normal funcionamiento" del órgano judicial "a la brevedad posible".
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia salvadoreña anuló el 5 de junio pasado las elecciones de magistrados hechas en 2006 y en abril de 2012, cinco principales y sus respectivos suplentes en cada caso, y ordenó a la nueva Asamblea Legislativa, que asumió el 1 de mayo pasado, repetir ambos procesos.
El acuerdo político alcanzado el domingo al filo de la medianoche establece que la Asamblea elegirá mañana a un nuevo presidente del Supremo, ratificará a los magistrados de 2006 y designará a los de 2012 entre los mismos 11 propuestos en abril pasado.
A pesar de su satisfacción por el acuerdo, el procurador para la Defensa de Derechos Humanos, Oscar Luna, advirtió hoy que debe definirse "cómo queda" el fallo de la Corte Centroamericana, que el pasado día 16 validó las elecciones de magistrados anuladas por la Sala del Supremo salvadoreño.
La sentencia del tribunal regional "ha dicho una cosa y hay un acuerdo político que ha dicho otra", recalcó.
Luna consideró como una cuestión de "responsabilidad" definirse ante la Corte Centroamericana, "porque tampoco se puede jugar con un organismo internacional al cual se ha dicho que hay que reconocerle su competencia".
Funes ha recalcado que las negociaciones políticas estaban al margen del fallo de la Corte regional, que no resolvía la crisis porque la Sala no lo acataba.
La Corte Centroamericana intervino a raíz de un recurso de conflicto interpuesto el 21 de junio por la Asamblea salvadoreña contra el Supremo.
El Parlamento acató la sentencia, pero la Sala de lo Constitucional lo rechazó por considerarlo "inconstitucional".
Para el portavoz del gobernante Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), Roberto Lorenzana, el fallo del tribunal regional "fue el detonante que facilitó el acuerdo" interno, pues "fue una especie de jaque mate táctico" en la negociación.
El procurador Luna también señaló que, aunque el acuerdo político es una solución "inmediata y formal", en el fondo significa cumplir con las sentencias de la Sala porque se elegirá de nuevo a los magistrados.
Cada tres años debe renovarse un tercio de los 15 miembros del Supremo, que así cumplen períodos escalonados de nueve años.
La Constitución salvadoreña no establece cuándo debe elegirse a los magistrados, pero la Sala consideró que una misma legislatura no puede hacerlo en dos ocasiones y que las que terminaron en 2006 y en abril pasado ya habían cumplido ese trámite.
"Lamento que se haya desperdiciado tanto tiempo" para llegar a "una solución que (...) se pudo haber tomado desde un inicio, porque el acuerdo que se tomó casi" cumple "lo que dice la Sala de lo Constitucional" sobre la nueva elección de magistrados, dijo Luna.
Precisó que en el marco del acuerdo alcanzado en la víspera "sólo hay una pequeña variante en cuanto al presidente" del Supremo, que ahora será Salomón Padilla en lugar de Ovidio Bonilla, ambos del grupo de magistrados de 2012.
La crisis hizo surgir dos cortes supremas: una integrada por los magistrados cuyas elecciones fueron anuladas, presidida por Bonilla, y otra por la Sala de lo Constitucional ampliada con suplentes, encabezada por Florentín Meléndez, a quien el anterior titular, Belarmino Jaime, dejó como "provisional".
El magistrado Mario Valdivieso, de 2006, dijo que ahora hay que "ver para adelante (...) deponer actitudes personales" y "empezar un nuevo período" en el órgano judicial.
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