Acusan a un alcalde por destinar una ayuda de los ERE a comprar viviendas

Sevilla, 18 mar.- La Guardia Civil que investiga los ERE fraudulentos asegura que Francisco Rodríguez Galán (PSOE), alcalde de San Nicolás del Puerto (Sevilla), destinó 871.467 euros que recibió para promoción del empleo a comprar para el Ayuntamiento una finca con 54 viviendas, entre ellas la suya propia.

Un informe de la Guardia Civil, al que ha tenido acceso Efe, explica que el alcalde de esa localidad de la sierra norte de Sevilla firmó en el 2002 un protocolo de colaboración con el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, uno de los principales imputados por los ERE y natural de esa comarca andaluza, tras presentar una memoria sobre la necesidad de comprar esos terrenos.

Según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, aunque el dinero "se libró para el desarrollo y fomento del empleo en la localidad", lo que se consiguió fue regularizar la situación de los habitantes de la zona conocida como Poblado del Cerro del Hierro.

Los propietarios mantenían un pleito con el anterior propietario del terreno y, al pasar éste a manos del Ayuntamiento, se llevaron a afecto todas las infraestructuras que debía facilitar el municipio, lo que "benefició directamente a esas personas, entre las que se encontraba el propio alcalde".

"En síntesis, dinero público con fines sociales orientados al desarrollo de empleo en la localidad que, finalmente, fue a parar a manos e intereses particulares", entre ellos los propietarios que vieron revalorizadas sus viviendas y el anterior dueño, Antonio Carrión, según la Guardia Civil.

Otro beneficiario fue la Junta, que "con esta subvención a un municipio de escasamente 700 habitantes conseguía una calma social que favorecía, o en el peor de los casos no perjudicaba a sus intereses políticos", afirma la Guardia Civil.

Según el atestado, el caso de San Nicolás del Puerto refleja que "fallaron los mecanismos de control interno de las Administraciones Públicas que, directa o indirectamente, eran responsables de la concesión de subvenciones" y que "pudo existir una dejadez de funciones" que "podrían tener su catalogación delictiva en el Código Penal".

Entre otras irregularidades, recoge que el Ayuntamiento conocía el pleito de los vecinos que vivían allí desde hacía treinta años con el anterior dueño de los terrenos y que posteriormente desembocaría en otras demandas contra el Consistorio.

Tampoco se aportó el certificado de un tasador independiente, como exige la Ley General de Subvenciones, y el suelo fue valorado "muy por encima del precio de mercado" ya que el informe de valoración incluía una zona, conocida como Casa del Cura, que no iba a ser adquirida.

Sostiene la Guardia Civil que del total de 809.937 euros pagados por la finca Cerro del Hierro, se perdieron aproximadamente 388.000 euros.

Las presuntas irregularidades en la sierra norte de Sevilla son uno de los bloques investigados en el caso de los ERE pues, según anteriores atestados de la Guardia Civil, con una población de 30.000 habitantes fue beneficiaria del 70 por ciento de las concedidas en toda Andalucía.