Buenos Aires, 14 nov.- El juez argentino Otilio Romano, quien huyó a Chile tras ser procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, fue "cómplice y encubridor" del terrorismo de Estado, dijo el representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura al comenzar hoy un juicio político en su contra.
Para Hernán Ordiales, quien actúa como acusador, Romano prestó "colaboración fundamental" a los represores del último gobierno de facto (1976-1983) y la "indignidad" que supone su huida a Chile "merece por sí sola la destitución".
Esa conducta "agrava la situación" ya que "se sustrae de la acción de la justicia pretendiendo crear un conflicto diplomático", destacó.
Ordiales hizo estas consideraciones en la primera jornada del juicio político contra Romano, a quien la Justicia argentina ha procesado por 103 casos de delitos de lesa humanidad y es juzgado en ausencia.
El acusador no dudó en calificar al magistrado suspendido como "funcional al plan represivo de la dictadura" ya que "contrarió intencional, deliberada y voluntariamente su obligación de investigar" los delitos de lesa humanidad cometidos cuando él era fiscal y juez subrogante.
En esos años hubo jueces "cómplices y encubridores del terrorismo de Estado", dijo Ordiales al ubicar dentro de ese grupo a Otilio Romano.
Tras la exposición de la acusación dio comienzo la etapa de recepción de medio centenar de testimonios que, se prevé, se extenderá hasta el 25 de noviembre próximo.
El proceso oral y público se lleva a cabo en Buenos Aires y está a cargo del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.
Romano, titular de la Cámara Federal de Apelaciones de la provincia de Mendoza (oeste del país), es juzgado por presunto mal desempeño de sus funciones y posible comisión de delitos, según la acusación del Consejo de la Magistratura.
El magistrado fue suspendido en sus funciones el pasado 25 de agosto, pero una día antes viajó a Chile, donde solicitó asilo político y ya obtuvo una visa de residencia de ocho meses.
Tras conocerse su salida del país, el juez de Mendoza que lleva el proceso en su contra, Walter Bento, lo citó a declarar por su procesamiento como partícipe en casos de secuestros, torturas, desapariciones de personas y allanamientos ilegales cometidos cuando era fiscal de esa provincia vecina a Chile, pero Romano no se presentó.
Bento emitió entonces una orden de detención internacional contra Romano, pero supeditó su solicitud a que previamente sea destituido como magistrado.
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