Advierten del riesgo de muerte de 5 campesinos paraguayos en huelga de hambre

Madrid, 12 abr.- Cinco campesinos paraguayos encarcelados y que llevan 58 días en huelga de hambre corren el riesgo de morir si no se suspende el proceso contra ellos, dijo hoy en Madrid el abogado español Aitor Martínez.

En una conferencia de prensa para dar a conocer la situación de los campesinos, el letrado español subrayó que el juicio, previsto para el 26 de junio, debe ser suspendido como medida cautelar, entre otras razones porque los acusados "están en la cárcel sin que haya pruebas contra ellos".

El pasado miércoles, un tribunal paraguayo rechazó sustituir la prisión preventiva por arresto domiciliario a cinco campesinos, que están acusados de intento de homicidio por una matanza en 2012 en Curuguaty (Paraguay), que desencadenó la destitución del entonces presidente, Fernando Lugo.

La defensa de los campesinos pidió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la suspensión del juicio hasta que se determine la titularidad de las tierras en disputa en Paraguay

Con el apoyo de decenas de organizaciones internacionales, como FIBGAR, IEPALA, Oxfam, Vía Campesina y la Fundación Internacional Baltasar Garzón, que encabeza el exjuez español, entre otros, los abogados de los campesinos presentaron el 23 de marzo pasado ante la CIDH una petición para que denunciara la violación de las garantías procesales de los detenidos en este caso, según explicó el abogado.

Hoy, "una vez más volvemos a apelar a la solidaridad de las organizaciones" para que urjan a la CIDH a pedir a las autoridades paraguayas la suspensión del juicio, dijo el abogado.

"Es urgente y necesario" que las organizaciones presenten cuanto antes sus peticiones y mensajes de apoyo, que "serán trascendentes" en este caso, resaltó el abogado.

El fiscal del caso, Jalil Rachid, "acusó arbitrariamente a los campesinos de tentativa de homicidio doloso, de invasión de inmueble ajeno y de asociación criminal", según una nota de prensa de los organizadores de la conferencia en Madrid.

El proceso "viola de múltiples maneras las leyes nacionales y las obligaciones internacionales de derechos humanos relativas al debido proceso", señala el comunicado.