La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, considera que la agresión que sufrieron dos guardias civiles en Alsasua el 15 de octubre cuando se encontraban de paisano junto a sus parejas forma parte de una campaña de acoso contra los agentes dirigida a aislarles y crear un "clima de miedo" entre los ciudadanos para evitar que entablen vínculos afectivos o de amistad con ellos.
La magistrada, que ha solicitado al Juzgado de Instrucción 3 de Pamplona que se inhiba a su favor de las actuaciones abiertas tras la agresión, precisa que los hechos corresponden a delitos de terrorismo ya que están dirigidos a "atemorizar" a los miembros de las Fuerzas de Seguridad del Estado para que abandonen el País Vasco y Navarra.
Lamela cita los informes policiales que obran en su poder y en los que se identifican a 12 personas como los supuestos agresores. La juez añade que la actitud de esta docena de ciudadanos pudo ir dirigida a intranquilizar a los propios agentes implicados en la pelea, pero también a sus compañeros de profesión, sus familias y cualquier otra persona que pudiera apoyarles en Alsasua.
La magistrada también les vincula con el colectivo Movimiento Ospa y la campaña Alde Hemendik (Que se vayan en castellano) y precisa que tres de sus promotores parciparon en el enfrentamiento en el bar Koxka.
El objetivo de la refriega, continúa la juez, fue "despertar la inquietud y el desasosiego" y perturbar el pacífico y normal desarrollo de la libertad en actividades tan cotidianas como tomarse algo en un bar.
Asegura también que entre los planes del colectivo a través de la citada campaña está influir de forma negativa en la calidad de vida de los agentes y hacerles sentir objetivo continuo de grupúsculos violentos. También "condicionar su vida diaria" y provocarles temor cuando van a comprar, disfrutan de su tiempo libre o apuntan a sus hijos a actividades.
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