Aguirre vuelve a defender el voto a la persona y no a una lista completa

Madrid.- La presidenta de Madrid en funciones, Esperanza Aguirre, ha pedido el apoyo de la Asamblea para reformar las normas estatutarias, legales y reglamentarias, para dividir la Comunidad en circunscripciones y que los ciudadanos voten a los políticos que quieren que les representen y no una lista completa.

Este ha sido uno de los objetivos indicados hoy por Aguirre en su discurso de candidata a la presidencia de la Comunidad de Madrid que ha pronunciado en la Cámara regional, en la primera sesión del debate de investidura.

Aguirre ha recordado que la división de la Comunidad en circunscripciones electorales es un objetivo que ya persiguió en su primer discurso de investidura en 2003, cuando accedió por primera vez a la presidencia regional y no logró entonces su intención de aprobar un sistema que hiciera que los ciudadanos se sintieran "mejor representados" en la Asamblea.

Ahora, ha vuelto a requerir el apoyo del grupos parlamentarios para que con el "consenso y la buena voluntad" de todos realizar una reforma de la ley electoral autonómica, que no precisaría de la reforma del Estatuto de autonomía y sin embargo, marcaría "un hito en la democracia española", ha asegurado.

"Creo que es el momento de abordar" esa modificación de la ley electoral regional, ha apuntado la presidenta, que ha recordado que con esta modificación habrá una relación "mejor y más fluida" entre votantes y políticos.

Se ha vuelto a mostrar partidaria de la eliminación del grupo mixto que, en su opinión, "sólo puede servir de refugio de tránsfugas o escisiones de partidos", y además ha dicho que está en contra de dar "protagonismo a los protagonistas de esos posibles episodios", una de las ventajas que encierra la pertenencia al grupo mixto.

A su juicio, la división de Madrid en circunscripciones como ya sucede en Baleares, Murcia o Asturias permitiría a los ciudadanos votar a los políticos de acuerdo con sus preferencias.

Por todo ello, ha pedido el apoyo de la Cámara para que, dentro de cuatro años, en las siguientes elecciones autonómicas, los ciudadanos decidan quien quieren de verdad que les representen de acuerdo con un orden de preferencia o tachando de la lista a los que no estimen oportuno para el cargo.