Sevilla, 22 oct.- La juez Mercedes Alaya ha advertido hoy, tras las denuncias anunciadas contra el exresponsable de Formación Ocupacional de la Junta de Andalucía Teodoro Montes, que "no va a consentir ningún tipo de presión o coacción" hacia el funcionario, mientras que la Fiscalía ha pedido que sea testigo protegido.
Cuando las partes personadas en la causa han ido a firmar el acta tras 31 horas de declaración de Montes, el testigo ha ampliado su testimonio y ha aportado un artículo de prensa respecto a que el funcionario validó un curso en el que participó su hija y el anuncio de querellas contra él por parte de CCOO y de FAISEM.
CCOO ha anunciado una querella por acusarle de pedir comisiones ilegales del 20 % para subcontratar cursos y FAISEM porque dijo que impartió un curso a discapacitados a 50 grados y con los alumnos medicados para que no alteraran el orden.
La juez, según fuentes judiciales, ha dicho no va a consentir presiones hacia Montes y que las acciones contra el testigo pueden suponer "delitos contra la Administración de la Justicia" y ha incidido en que, si tiene conocimientos de ellos, "deducirá el oportuno testimonio para que se ventilen en las pertinentes diligencias".
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su conformidad a la petición de la juez y ha agregado su petición para que se pongan, respecto a Montes, las medidas que prevé la Ley Orgánica de Protección de Testigos y Peritos.
Esta petición se basa, según la Fiscalía, en "asegurar no solamente la integridad del testigo y su familia" sino también el resultado del propio procedimiento abierto.
Respecto a la competencia de Alaya en este caso, fuentes de la Fiscalía han explicado que avalan que la juez lo tramite y han añadido que hace un año ya se analizó la cuestión y la Audiencia sólo decidió retirarle la investigación de las facturas falsas de UGT-A.
Antes de las manifestaciones de la juez y la Fiscalía, Montes ha pedido que se incorpore a la causa el expediente del curso en el que participó su hija, de lo que se informó por otros medios de comunicación hace unos días, y ha apuntado que cree que el curso fue en 2007 y lo impartió Laboratorios Torrecilla Fuentes.
En la ampliación de su testimonio, Montes ha insistido en la idea que expresó ayer respecto al "emporio" que montó el exconsejero Ángel Ojeda, imputado en la causa, y que a partir de 2008, con un nuevo gerente al frente de sus empresas Prescal, el grupo empresarial "de la nada pasó al todo" por la concesión de numerosos cursos.
Gracias al nuevo gerente, según el funcionario, se multiplicaron los cursos no solo en Prescal, entidad que según la juez recibió en año y medio 33 millones de euros para cursos, "sino en otras entidades complementarias de todo tipo".
Tras culpar al gobierno andaluz de la actual crisis y del elevado número de parados así como de las irregularidades en los cursos, Montes ha precisado que las empresas de las que habló en su declaración vinculadas a los sindicatos serían FOREM respecto a CCOO e IFES en relación con UGT.
Además, ha subrayado que aparecieron "infinidad" de fundaciones y se cristalizó "el tema de la paz social con los agentes sociales" hasta titular cada vez más el concepto de entidades de "trato singular".
"Todo esto encaja en una dinámica cambiable de personas responsables", primero en la Consejería de Trabajo y luego en la de Empleo, "y a la postre" en el "gobierno de la Junta de Andalucía", ha afirmado el testigo.
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