Albisu e Iparraguirre se niegan a responder sobre los hechos de la acusación

París.- La pareja de presuntos ex jefes de ETA Mikel Albisu -"Mikel Antza"- y María Soledad Iparraguirre -"Anboto"- se negaron hoy a responder a las preguntas sobre los hechos de que se les acusa ante el Tribunal de lo Criminal de París que los juzga.

Albisu, encausado como jefe político de la banda cuando ambos fueron arrestados el 3 de octubre de 2004 en Salies de Béarn (suroeste de Francia), sólo indicó a las preguntas del presidente del tribunal, Philippe Vandingenen, que se habían instalado allí a finales de junio de 1999.

"Antza" añadió que no podía dar más información, mientras que Iparraguirre fue más explícita y justificó su silencio diciendo: "pertenecemos a una organización clandestina". Añadió que, "como militante", no podía hablar.

"Anboto", que asumió lo que había hecho en ETA -"me encomendaron un trabajo y yo lo hice"-, se mostró más cortante con las preguntas del fiscal, Jean-François Ricard, a quien espetó: "habría hecho mejor en ponerme en manos de la Guardia Civil, así tendría usted mis respuestas".

Desde el inicio de este proceso el pasado 15 de noviembre, "Anboto" ha denunciado repetidamente las "torturas" que atribuye a las fuerzas del orden españolas cuando detienen a miembros de la organización terrorista, como Peio Alcantarilla, que es uno de los nueve que con ella se sientan en el banquillo de los acusados.

Sobre esa línea argumental de las presuntas "torturas" sufridas por Alcantarilla, el abogado de éste, Jean-François Blanco, volvió a lanzar al tribunal una serie de demandas -ninguna de las cuales fueron admitidas-, en particular que obligue a que comparezcan el lunes próximo en París como testigos el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y la forense española Leonor Ladrón de Guevara.

Vandingenen, que anunció también que denegaba la puesta en libertad de Alcantarilla, justificó la negativa a un nuevo procedimiento sobre el magistrado y la forense españoles explicando que el tribunal les había enviado un correo para convocarles el lunes, aunque por ahora no ha obtenido respuesta.

El fiscal se había pronunciado previamente en contra de las solicitudes de Blanco, recordando en particular que pese a lanzar acusaciones de haber sufrido torturas por los guardias civiles que lo detuvieron cerca de Burgos el mismo 3 de octubre de 2004, no consta que Alcantarilla haya presentado ninguna denuncia formal de esos hechos en España.

El encausado, por su parte, dijo sentirse decepcionado por la actitud del tribunal, ya que "confiaba" en que el tribunal francés que ahora lo juzga "no actuara bajo presiones políticas" y tuviera un comportamiento diferente del que a su juicio hay "en el Estado español".

Alcantarilla afirmó que "hay un pacto de silencio" sobre la tortura en la judicatura, pero también en los medios de comunicación españoles.

Por la mañana estuvo declarando como testigo un comandante de la policía judicial de Burdeos que había dirigido el arresto de Albisu e Iparraguirre y el registro de lo encontrado en la casa de ambos, a partir de lo cual situó al primero al mando del aparato político de ETA y a la segunda al frente de las finanzas.