El acuerdo pasa porque los ayuntamientos implicados, todos ellos gobernados por el PSOE, se pongan al día en los pagos y que regrese el carácter rotativo del servicio. De hecho, hasta el 31 de diciembre, el consistorio quesadeño mantendrá la gestión del servicio, pero a partir de esa fecha, Pozo Alcón o Huesa deberán asumirlo.
La delegada territorial de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, Teresa Vega, que ha sido la encargada de reunir a los cuatro alcaldes para buscar una solución, ha dicho a Europa Press que "ha sido un acuerdo sencillo porque todos teníamos claro que lo primordial era el mantenimiento del servicio y así ha sido".
Ha añadido que todo se resumía en "un problema de liquidez" que llevó al Ayuntamiento de Quesada a presentar el 18 de marzo
la carta de despido a la dos trabajadoras del CIM y a anunciar el cierre para el jueves 31 de marzo.
"Se trata de un recurso muy importante para las mujeres rurales y ni la Junta ni los ayuntamientos podíamos permitirnos el lujo de perderlo", ha dicho Vega.
La delegada ha reconocido que la voluntad de los alcaldes es la de mantener este servicio y de hecho se ha planteado la posibilidad de a corto plazo contratar a una psicóloga que refuerce la labor que prestan las dos trabajadoras.
El anuncio de cierre se produjo después de que los consistorios de Huesa, Larva y Pozo Alcón, todos ellos gobernados por el PSOE, llevaran desde 2014 sin hacer efectiva su aportación para el mantenimiento de este servicio que desde entonces viene asumiendo en solitario el Ayuntamiento de Quesada junto con la subvención que anualmente concede la Junta de Andalucía.
En la actualidad, la deuda con Quesada superaba ya los 47.000 euros, una cantidad que el consistorio quesadeño se negó a seguir soportando en solitario ya que el CIM tiene carácter comarcal y se puso en marcha en 2009 con un compromiso de rotación para que cada año fuera un ayuntamiento diferente el que asumiera la gestión y la sede.
Desde 2014, a excepción de Quesada, el resto de los municipios que suscribieron el acuerdo para crear este servicio comarcal no han desembolsado su aportación, unas cantidades que oscilan desde los 7.500 euros a los 2.000 euros anuales en función de parámetros como el número de habitantes.
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