Alegatos a favor y en contra al iniciar audiencia pública sobre ley de medios

  • La Corte Suprema de Argentina celebró hoy la primera sesión de la audiencia pública sobre la ley de medios audiovisuales, que enfrenta al Gobierno de Cristina Fernández y al grupo multimedia Clarín, como paso previo a su dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la norma.

Buenos Aires, 28 ago.- La Corte Suprema de Argentina celebró hoy la primera sesión de la audiencia pública sobre la ley de medios audiovisuales, que enfrenta al Gobierno de Cristina Fernández y al grupo multimedia Clarín, como paso previo a su dictamen definitivo sobre la constitucionalidad de la norma.

En la jornada de hoy, celebrada en el Palacio de Tribunales, en Buenos Aires, la Corte escuchó las exposiciones en respaldo de una y otra parte de diez organizaciones no gubernamentales.

De manera independiente, compareció también la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual, representada por su titular, Cynthia Ottaviano.

En su intervención, Ottaviano instó directamente a los miembros del tribunal a la "plena aplicación" de la ley para "impedir la monopolización".

"Es decisión de esta Corte permitir que avance la democracia o hacerla retroceder 30 años en un segundo. Que defina quién es David y quién es Goliath", dijo.

En apoyo al grupo Clarín, expuso su opinión, entre otros, el jurista venezolano Asdrúbal Aguiar Aranguren, del Observatorio Iberoamericano de Medios, quien sostuvo que la ley es "arbitraria" e "irrazonable".

También en respaldo a Clarín, Eduardo Oteiza, de la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, se manifestó a favor de "la defensa de la libertad de expresión y de la actividad empresarial".

Del lado del Estado argentino compareció el orador Beinusz Szmukler, de la Asociación Argentina de Juristas, quien reclamó a la Justicia que disponga "la plena aplicación" de la ley, y acabe con "esta vergonzosa e injustificada demora".

Víctor Abramovich, representante del Poder Ejecutivo Nacional, apoyó la obligación del Estado de regular la concentración de medios "para facilitar debate público".

"La intervención estatal se justifica aun cuando lesione un interés particular si es en pos del bien común", aseguró.

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, cerró la sesión solicitando a la Corte "que dicte un fallo histórico desvelando las falacias de este proceso".

La audiencia pública proseguirá mañana dando la palabra a los representantes del Estado argentino y del Grupo Clarín

Convocadas por la Coalición para una Comunicación Democrática (CCD), que agrupa a organizaciones no gubernamentales a favor de la ley, cientos de personas se congregaron hoy a las puertas de los tribunales durante todo el día.

"La ley es importantísima para que haya una verdadera pluralidad informativa, el monopolio Clarín tiene como 300 "bocas", donde mienten y mienten. Los que apoyamos a este Gobierno nacional y popular tenemos recursos mucho más limitados", indicó a Efe Néstor, uno de los manifestantes.

"Hago mucha fuerza para que sea aprobada, tiene que haber diversidad y conocimiento sobre todo lo que pasa en el mundo. Se tienen que escuchar diferentes voces", afirmó Susana, otra de las participantes en la convocatoria.

Con base en la demanda presentada por el Grupo Clarín, la Cámara Civil y Comercial Federal determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos de la ley, pero el Gobierno apeló el fallo.

Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.

Gils Carbó dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos cuestionados y pidió revocar el fallo anterior a la Corte Suprema, que ahora tiene la última palabra.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en octubre de 2009, en sustitución de otra, sancionada en 1980, durante el último régimen militar.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión de aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

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