(ampliación) discapacidad. Cermi madrid solicita el apoyo de la administración a los centros especiales de empleo de iniciativa social

El Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad de Madrid (Cermi Comunidad de Madrid) solicita al Gobierno regional que apoye "de forma ejemplar" a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa social que existen en la Comunidad, y que se controle tanto la creación de estos centros de iniciativa privada como su funcionamiento, "dado que solo están sirviendo para esquivar las obligaciones de contratación establecidas por la Lismi".
Así lo trasladó el Comité madrileño durante una reunión que mantuvo con la directora general de Empleo de la Comunidad, Lourdes Martínez, en la que reclamó al ejecutivo regional que vigile el funcionamiento de estos centros creados por "grandes" empresas privadas, ya que, según expuso, "no favorecen en absoluto la integración de las personas con discapacidad en las plantillas de personal de carácter ordinario, al estar orientados al lucro y a los beneficios económicos, y no a los sociales".
Por otro lado, el Cermi Madrid también resaltó las "difíciles" condiciones para optar a un empleo ordinario por parte de las personas con discapacidad que se encuentran trabajando en estos CEE, al mismo tiempo que recordó la obligación por parte de la Administración de propiciar la compra de bienes, productos y servicios a estos centros, para potenciar el empleo de las personas con discapacidad.
En esta línea, el Ministerio de Trabajo, publicó el Real Decreto con medidas alternativas, en el que se establecen mecanismos sustitutivos que posibilitan el cumplimiento del cupo del 2% de reserva de puestos de trabajo a personas con discapacidad, precisamente, apunta el Comité, "mediante la compra de bienes o servicios a Centros Especiales de Empleo".
En opinión del Cermi madrileño, se trata de "una buena iniciativa", si no fuera porque "existe un mínimo control de la administración y a las mismas se les permite crear sus propios centros para evitar el cumplimiento de la ley".
Según denuncia el Comité, las corporaciones empresariales, precisamente, pueden alegar la necesidad de contratar perfiles "muy cualificados" para eludir la contratación de personas con discapacidad de forma ordinaria, en cuyo caso la Administración les permite subcontratar productos o servicios como medida alternativa legal a la contratación de personas con discapacidad.
En la práctica, continúa el Cermi, ello deriva en que las grandes entidades empresariales creen sus propios Centros Especiales de Empleo para abastecerse a sí mismos de sus necesidades externalizadas a otras empresas y esquivar la obligación de contratar a personas con discapacidad en sus plantillas.