(ampliación) el gobierno obligará a informar de las cuentas abiertas en el extranjero


El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, aseguró este jueves que el plan contra el fraude fiscal que prepara el Gobierno recoge la “obligación tributaria” de informar de las cuentas abiertas en el extranjero.
Así lo indicó en el Pleno del Congreso de los Diputados, durante el debate para la convalidación o derogación del real decreto-ley por el que se introducen diversas medidas tributarias y administrativas dirigidas a la reducción del déficit público, entre las que se encuentra la amnistía fiscal.
Montoro indicó que el Gobierno “va a establecer la obligación tributaria de informar sobre las cuentas abiertas que se encuentren situadas en el extranjero, de las que sean titulares, beneficiarios o en las que se figure como autorizado o con poderes”.
El responsable de Hacienda defendió el plan del Ejecutivo, que también contempla limitar los pagos en efectivo a un máximo de 2.500 euros, y que mañana, viernes, examinará el Consejo de Ministros, en forma de anteproyecto de ley.
Por otra parte, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno no ha aprobado ninguna amnistía fiscal, porque eso sería un “perdón a los procedimientos que están en curso”.
Así, subrayó que “es un gravamen sobre la regularización de activos que están ocultos”, y aseguró que “su afloramiento será positivo para la recuperación económica”, pues el objetivo es que “lo que hoy está oculto deje de estarlo”, dijo.
En la norma se establece un gravamen especial para favorecer el afloramiento de las rentas no declaradas, medida con la que espera recaudar 2.500 millones de euros este año.
En concreto, se aplicará un gravamen del 10% en las rentas no declaradas de los contribuyentes del IRPF, el impuesto de sociedades y la renta de no residentes.
Además, se establece otro gravamen especial del 8% para la repatriación de dividendos o rentas derivadas de la transmisión de participaciones.
Montoro repasó también el resto de medidas tributaria que se incluyen en el real decreto, como son los cambios en el Impuestos de Sociedades y en las labores del tabaco, y aseguró que las medidas fiscales “son los menos perjudiciales” para el crecimiento económico.
Además, subrayó que evita tener que utilizar otros instrumentos tributarios, como es el IVA, que “dañarían claramente al consumo; no traería mayor recaudación y sí mayor perjuicio, posiblemente destrucción de puestos de trabajo y que siga la crisis”.
Desde el Ejecutivo, señalaron también que las medidas fiscales “vuelven a ser selectivas” e “inciden en los agentes que mayor capacidad tienen de influir en el corto plazo”, para recordar que tienen una “finalización temporal bien expresa, bien explícita y bien clara”.

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