(ampliación) el tribunal de estrasburgo ordena suspender el derribo de una vivienda familiar en la cañada real (madrid)

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo ha ordenado la paralización del derribo de una vivienda situada en la Cañada Real (Madrid) hasta que el Gobierno español no informe al tribunal de que las autoridades han sido capaces de garantizar un alojamiento adecuado y servicios sociales al matrimonio y la niña de 8 años que viven en ella, según informaron en rueda de prensa Amnistía Internacional y la familia afectada.
El tribunal, mediante unas medidas cautelares dictadas el pasado 31 de enero, ordenó paralizar el derribo que el Ayuntamiento de Madrid tenía previsto efectuar sobre la vivienda situada en el Sector 4 de la Cañada Real en la que Mohamed Raji, su esposa Bouchra Zaidi y la hija de ambos, Sara Raji, viven desde 2009.
Según el tribunal, el derribo debe ser paralizado hasta que el Gobierno español no facilite información precisa y rigurosa sobre las medidas que han tomado las autoridades locales para asegurar una vivienda adecuada y servicios sociales a dicha familia.
En 2006, explica la organización, la familia afectada pidió una vivienda de protección oficial, y al recibir la orden de desalojo solicitó una vivienda por especial necesidad. Ninguna de las dos solicitudes ha sido resuelta y a fecha de hoy no cuenta con una vivienda alternativa.
“La decisión tiene un alcance muy importante, no solo para la familia, sino para miles de personas que habitan en la Cañada Real en su misma situación, y miles de familias más en el Estado español, cuyo derecho a la vivienda se ve amenazado”, señala Amnistía Internacional.
“Con esta decisión sentimos que hay alguien que nos está apoyando”, manifestó Raji en la rueda de prensa en la que dio a conocer la decisión del tribunal.
Amnistía Internacional dice que es positivo el anuncio hecho por el tribunal y el Ayuntamiento de Madrid de paralizar los derribos y desalojos de la Cañada Real, a la vez que les recuerda que existen estándares internacionales de protección del derecho a la vivienda que los Estados deben cumplir para proteger a las personas.