(ampliación) justicia universal. La oposición en bloque planta al pp en la votación de la tramitación exprés de la reforma

La oposición en bloque se negó este jueves a participar en la votación de la tramitación exprés de la reforma que limita la jurisdicción universal, por considerarla una “farsa” impuesta por la mayiría absoluta del PP que vulnera el Reglamento del Congreso de los Diputados e incluso la doctrina constitucional.
En consecuencia, no solo esos grupos rechazaron la fórmula de tramitación de la reforma, sino que sus votos no salieron reflejados en el panel de votación, que reflejó 177 votos favorables, uno negativo y una abstención, a los que se sumaron cuatro votos telemáticos. La abstención fue error en un escaño del BNG y el voto negativo de la diputada del PSOE Patricia Hernández.
Con ese respaldo, el pleno aprobó la tramitación de la reforma por vía de urgencia y en lectura única, lo que implica que se aceleran los tiempos y se eliminan fases, de forma que en una próxima sesión del Pleno, prevista para el jueves de la próxima semana, la Cámara aprobará el texto.
El portavoz del PSOE, Julio Villarrubia, explicó que su grupo no votaría para no participar en una “farsa” que supone la “liquidación” de la jurisdicción universal mediante un procedimiento que prescinde de las exigencias legales a las que está sometido un proyecto de reforma de una ley orgánica, como es la del Consejo General del Poder Judicial.
La oposición denuncia que ese procedimiento solo está previsto, en virtud del Reglamento del Congreso, para iniciativas especialmente sencillas por su contenido o que tienen consenso, circunstancias no aplicables a este caso, en el que todos los grupos rechazan la reforma y el contenido tiene un especial calado.
Acusan además al PP de hacer el juego al Gobierno al reformar la ley no mediante un proyecto del Consejo de Ministros, que tendría que someterse a varios informes preceptivos, sino mediante una proposición de grupo parlamentario, que puede eludirlos.
Villarrubia acusó abiertamente al PP de utilizar un “atajo para sortear exigencias legales”. Reconoció que no es la primera vez que una reforma de esa ley se tramita por ese procedimiento, pero sí es la primera vez que se hace con una iniciativa respaldada por un único grupo parlamentario, por lo que el PSOE ve una “utilización sectaria y partidista” del poder legislativo por parte del Ejecutivo.
Jordi Jané, de CiU, coincidió en que la redacción del artículo del Reglamento que permite ese procedimiento nunca se pensó para una reforma “de esta entidad” y sin consenso, y alertó de que podría incluso conculcar la Constitución.
“No es una buena noticia”, sentenció, para los derechos humanos y su protección internacional, ni para el Parlamento. Reclamó por ello una reflexión al presidente del Congreso, Jesús Posada, para que la pretendida reforma del Reglamento incluya una prohibición expresa de aplicar ese procedimiento a reformas que no tienen consenso.
En nombre de UPyD, Irene Lozano juzgó “fraudulento” el procedimiento y acusó a Posada de contribuir a dar “una nueva vuelta de tuerca” a la oposición “atornillando” el poder del PP.
Felicitó irónicamente al PP por el “grado de sofisticación” en la sintonía “con la élite corrupta china” que defiende la política del hijo único y de partido único y a la que han “regalado” una reforma legal única, tramitada en lectura única con el respaldo de un único partido y en un pleno con un punto único, al precio de “sacrificar los principios elementales de la democracia”.
El PP, denunció, lleva un año pensando medidas contra la corrupción pero en solo dos meses “ha encontrado la forma de satisfacer las exigencias de la oligarquía china” liquidando “de un plumazo” principios básicos de la democracia como la separación de poderes, los equilibrios entre ellos, los derechos de los ciudadanos y de sus representantes, los debates en libertad, el imperio de la ley que en el Congreso está representada por el Reglamento, o la transparencia porque ocultan las “intenciones” de esta reforma.
"NO LES VA A SALIR GRATIS"
Con ello, dijo al PP, se ha puesto “precio” a la democracia en España y a la dignidad del país, pero “no les va a salir gratis”, aseguró.
Aitor Esteban, del PNV, acusó al PP de infringir “conscientemente” la legalidad porque es “imposible” que esa reforma encaje en el Reglamento del Congreso.
Denunció que la petición de la oposición para que la Mesa pidiera un informe jurídico fue contestada con un escrito en el que la propia Mesa, con la mayoría del PP, dice que no es necesario porque considera que ha aplicado bien el Reglamento.
Esteban considera esa respuesta “inaceptable” pero reconoce que es “comprensible” porque los miembros de la Mesa saben que “no hay letrado que se precie que hubiera firmado ese informe” avalando la aplicación de ese procedimiento a este caso.
Denunció que el Reglamento se aplica “a machamartillo” a los grupos de la oposición pero el PP se permite “saltárselo” rompiendo las reglas de juego que la propia Mesa debería defender.
En nombre de Izquierda Plural, Gaspar Llamazares equiparó esta reforma con una “pena de muerte” aplicada a la jurisdicción internacional, aplicada además en procedimiento “sumarísimo” que no es propio de las democracias.
Su grupo fue el único que no solo no participó en la votación sino que se ausentó del Hemiciclo para no estar “de cuerpo presente” en una decisión que permitirá la impunidad de quienes vulneren los derechos humanos y con ello “avergüenza” a la cámara y la converiete en un Parlamento “colonial” en el que “el poder del dinero se impone a la democracia”.
Es una manera “infame” de entender la política, en el que el Parlamento es un “mero guiñol al servicio de los poderosos” y la justicia internacional “un trapo”, denunció Joan Baldoví, de Compromís-Equo.
También dentro del Grupo Mixto, Olaia Fernández, del BNG, afeó la “soberbia y prepotencia” del PP al dar un “golpe bajo” a la democracia. Joan Tardà, de ERC, aludió al proverbio chino según el cual “cuando el dinero habla, la justicia calla”, que se cumple con la decisión del PP de “enterrar un valor de civilización” de que todos los demócratas “estábamos muy orgullosos”.
Aseguró que esos demócratas se sienten “violentados, ultrajados”, y dijo además al PP que quien provoca farsa “tiene un nombre”. En esa misma línea, Rafael Larreina, de Amaiur, denunció este nuevo “retorcimiento” e “incumplimiento” del Reglamento del Congreso por parte del PP, que sigue al que impidió a su formación tener grupo propio. Limitar los derechos de los parlamentarios, sentenció, es “un atentado directo a las bases de la democracia”, aseguró.
El portavoz del PP, Leopoldo Barreda, fue el único que subió a la tribuna para hacer uso de su tiempo y defender que su grupo ha respetado el Reglamento y la doctrina constitucional.
Reprochó a los portavoces de la oposición que utilicen argumentos “de conveniencia”, que debatan sobre el fondo en un momento dedicado solo a la forma de tramitación, y que “ignoren” el reglamento o la doctrina constitucional.
Apeló a reformas anteriores de esa misma ley tramitadas por ese mismo procedimiento y se dirigió especialmente al PSOE para rechazar sus “lecciones”, y al portavoz socialista, Julio Villarrubia, para criticar su “alarde de desmemoria” porque en 2009 su grupo promovió una reforma de la jurisdicción universal mediante una enmienda.
“Nosotros les ayudamos, participamos de ese acuerdo por sentido de Estado”, que es lo que, en su opinión, falta al PSOE en esta ocasión.
Villarrubia pidió la palabra para precisar que, efectivamente, en aquella ocasión se hizo así porque la reforma gozaba de acuerdo entre el PSOE, el PP, CiU y PNV, es decir, que la inicaitiva contaba con un respaldo superior al 90% de la Cámara.