(ampliación) rato. El juez de madrid se inhibe a favor de la audiencia nacional


El Juzgado número 31 de Madrid ha emitido un auto por el que se inhibe de investigar la denuncia de la Fiscalía de Madrid contra el exvicepresidente de Gobierno Rodrigo Rato, por lo que la investigación pasa a recaer en el Juzgado número cuatro de la Audiencia Nacional, a cargo de Fernando Andreu.
Ahora el juez Andreu tendrá que estudiar la información para decidir si asume la investigación dentro de la instrucción que tiene abierta por la salida a Bolsa de Bankia, de la que cuelga la investigación sobre las tarjetas opacas, o si el caso se comienza a investigar como una pieza aparte.
Además, la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal, ha firmado hoy un decreto por el que acuerda “atribuir a la Fiscalía Anticorrupción la competencia para intervenir en las diligencias previas”, al tratarse de “un delito incluido en el listado de infracciones del artículo 19.4 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y apreciarse una especial trascendencia en las infracciones penales investigadas”.
El decreto, de tres folios de extensión, relata que la Fiscalía Anticorrupción solicitó el pasado viernes 17 de abril la atribución de la competencia al estimar que los hechos investigados en las citadas diligencias previas están comprendidos en el ámbito fijado en la legislación, de acuerdo con los criterios establecidos en la Instrucción número 4/2006 de la Fiscalía General del Estado.
Según la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid de 16 de abril, los hechos podrían ser constitutivos de cinco delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de capitales y de alzamiento de bienes, entre otros que puedan resultar de la investigación en curso.
El decreto justifica la atribución de la competencia en la especial trascendencia social, mediática y jurídica de los hechos investigados. Además, afirma que “la investigación de las conductas típicas se prevé de particular complejidad, a la vista de la estructura del entramado societario y jurídico que conforma el grupo de sociedades presuntamente controlado por Rodrigo Rato, lo que aconseja atribuir la competencia a la Fiscalía Anticorrupcion, de modo que el análisis jurídico penal realizado por los fiscales pertenecientes a ella se vea complementado por la actuación de las Unidades de Apoyo de las que está dotada, criterio general de determinación de la especial trascendencia que establece la Instrucción 4/2006”.
El decreto indica por último que la Fiscalía Anticorrupción se ocupa actualmente de otro procedimiento judicial en la Audiencia Nacional en el que se encuentra imputado Rodrigo Rato, del que pueden derivarse responsabilidades pecuniarias que presuntamente el imputado habría intentado eludir.

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