(ampliación) reforma laboral. El psoe recurrirá la ley ante el tribunal constitucional

El PSOE recurrirá la reforma laboral ante el Tribunal Constitucional si el Gobierno no retira el decreto o lo modifica sustancialmente en su trámite parlamentario, según confirmó en rueda de prensa la portavoz socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez.
El secretario general del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, encabezó este viernes una reunión de trabajo en la que tomaron esa decisión a la vista de las opiniones y de los informes recabados en los últimos días entre “reputados juristas”, algunos de ellos miembros del partido como Francisco Caamaño, Valeriano Gómez o José Enrique Serrano.
Entienden los socialistas que la reforma laboral en sus términos actuales vulnera varios artículos de la Constitución, empezando por el 35, que reconoce el derecho al trabajo, y supone, por tanto, que su extinción ha de responder a una causa justa prevista de antemano.
Creen que lo vulnera el nuevo contrato con periodo de prueba de un año durante el cual el despido es libre, porque su imposición “desnaturaliza” la propia esencia del periodo de prueba, que debe tener distinta duración en función de la cualificación del trabajador y siempre “razonable”.
Además, el hecho de que ese contrato se imponga sólo en las empresas de menos de 50 trabajadores y no en las demás vulneraría el artículo 14 de la Constitución, que consagra la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, al implicar una clara discriminación entre unos trabajadores y otros.
Por extensión, apuntó Soraya Rodríguez, viola también el precepto constitucional que obliga a los poderes públicos a promover ese principio de igualdad para hacerlo efectivo.
También creen que la reforma vulnera el artículo 37.1 de la Constitución, que encomienda a la negociación colectiva la fijación de las condiciones de trabajo.
Primero, porque la reforma permite dejar el cumplimiento del contrato en manos exclusivas del empresario; segundo, porque prohíbe a los convenios colectivos regular determinadas condiciones de trabajo, y tercero, porque impone directamente determinadas condiciones, como el sistema de clasificación profesional.
Asimismo, apuntó la portavoz socialista, la reforma puede vulnerar el artículo 24 de la Constitución, que consagra la tutela judicial efectiva, porque impide a la jurisdicción laboral atender de forma adecuada a los trabajadores que puedan ver agredidos sus derechos y verificar de forma efectiva si existen causas legales para el despido o para la modificación unilateral de las condiciones de trabajo.
Recuerdan, además, que la imposición de un arbitraje por parte de un tercero para determinar las condiciones de un descuelgue en el convenio ya fue declarada inconstitucional en 1981.
El recurso del PSOE, incluso en el caso de ser admitido a trámite por el Constitucional, no supondría la suspensión en la aplicación de la ley, y no habría por tanto modificación alguna en su vigencia hasta, en su caso, la sentencia.