Andalucía crea un Consejo para mejorar la atención a víctimas del terrorismo

Sevilla, 2 nov.- El Gobierno andaluz ha acordado hoy la creación del Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo, un órgano de coordinación desde el que pretende impulsar el desarrollo de la Ley aprobada por el Parlamento autonómico para mejorar la atención al colectivo.

El Consejo de Ayuda a las Víctimas del Terrorismo en Andalucía es un órgano de coordinación interdepartamental integrado por todas las consejerías de la Junta con competencias en la materia y, entre sus funciones está la de facilitar a las víctimas y personas afectadas el acceso a las ayudas públicas.

Fomentar el apoyo de la sociedad y de las administraciones; promover medidas adicionales de resarcimiento y propiciar el óptimo desarrollo de la Ley aprobada en noviembre de 2010 por el Parlamento de Andalucía sobre medidas para la asistencia y atención a este colectivo serán otros de sus objetivos.

Según ha destacado en rueda de prensa, posterior al Consejo de Gobierno, la consejera de Presidencia, Mar Moreno, el nuevo órgano estará presidido por la persona titular de la Consejería de Gobernación y Justicia e integrado por representantes, con rango al menos de director general, de las consejerías con competencias en asistencia directa a las víctimas, hacienda, educación, universidades, vivienda, empleo, salud e igualdad y bienestar social.

La vicepresidencia corresponderá a la persona titular de la Viceconsejería de Gobernación y Justicia.

La Ley de atención a las víctimas del terrorismo en Andalucía, establece las medidas asistenciales, económicas y de homenaje y reconocimiento complementarias de las que prevé la legislación estatal para el conjunto de España.

Estas medidas abarcan desde las indemnizaciones por situaciones de dependencia a reparaciones de daños, ayudas al empleo, subvenciones a entidades, ventajas fiscales, becas y facilidades de acceso a servicios públicos, ha recordado Moreno.

Como beneficiarias de estas medidas figuran las personas físicas víctimas, las afectadas y también las que han sufrido situaciones de extorsión, amenazas o coacciones procedentes de organizaciones terroristas.

La consideración de afectadas incluye a los familiares de las víctimas hasta el segundo grado de consanguinidad y a las personas que mantuviesen relaciones de convivencia conyugal o análoga.

En líneas generales, son medidas dirigidas a conceder prioridad de acceso a estos servicios y, en algunos casos, a garantizar su gratuidad. En este capítulo se incluyen becas al estudio y ayudas al autoempleo, la reinserción profesional y la creación de empresas.