La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado a la juez Mercedes Alaya que investigue la ayuda de más de 22 millones de euros otorgada por la Junta a la multinacional del tabaco Altadis para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores y que cite a declarar como imputados a varios exaltos cargos de la Junta y a sindicalistas de CCOO y UGT.
En un escrito elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público pide a la magistrada que cite como imputadas a once personas en relación al ERE de Altadis, entre ellos a los exdirectores generales de Trabajo Francisco Javier Guerrero, Daniel Alberto Rivera y Juan Márquez, o al exsecretario general de UGT-A Francisco Fernández Sevilla.
Además, reclama dar traslado de las actuaciones a UGT, CCOO y Altadis como responsables civiles subsidiarios.Una década con el ERE a cuestas
En 2005, el Ministerio de Trabajo aprobó el expediente de regulación de empleo (ERE) de Altadis que autorizaba la extinción de 898 contratos de trabajo, a través de prejubilaciones y bajas incentivadas. La Junta de Andalucía ayudó con más de 22 millones de euros a la multinacional para financiar las prejubilaciones de sus trabajadores, a través de la Junta de Inovacción y Desarrollo de Andalucía (IDEA).
El 3 de dieciembre de 2004, el exresponsable de Recursos Humanos de Altadis José Luis Relea junto al exsecretario general de UGT en Andalucía, Francisco Fernández Sevilla y Blanca Uruñuela (UGT); por CCOO, Antonio Perianes y Francisco Figueroa, firmaron el acuerdo del que derivó posteriormente el compromiso de pago asumido por la Junta.
Estaba previsto que las extinciones se distribuyeran entre los distintos centros de trabajo que la empresa posee en Tarragona (donde se rescindieron 243 contratos), Sevilla (209), Cantabria (170), Cádiz (176), Logroño (40), Alicante (39) y Palazuelo, en la provincia de Valladolid (21). También se acogieron voluntariamente a las medidas, los empleados de los centros de Alicante, Logroño, servicios centrales, Investigación y Desarrollo y área de ventas.
El ERE, aprobado por el Ministerio, se enmarcó en el Plan Industrial que la empresa pretendía llevar a cabo para asegurar su viabilidad, en un contexto de "descenso del consumo y una cada vez mayor competencia", según indicó en una nota de prensa la tabacalera franco-española.
Pero, lo que despertó suspicacias en su día fue el proceso realizado por la Junta a la hora de otorgar las subvenciones concedidas. Así, la Fiscalía añade que, según el informe pericial, "en la concesión de esta subvención se ha prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido, lo que pudiera ser causa de nulidad de pleno derecho", a lo que se suma que "no se han publicado por la Junta ni existen bases reguladoras para el otorgamiento de este tipo de subvenciones concedidas" por la Consejería de Empleo.
Los pagos realizados hasta el año 2010 por la Agencia IDEA suman 20.477.820 euros, a los que habría que añadir 1.848.125 mediante los denominados "pagos cruzados" ordenados por el entonces director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, según el fiscal.
Asimismo, "no consta la existencia de ninguna norma dictada por la Junta en la que publiciten estas ayudas y se establezcan los criterios de selección de los beneficiarios, así como los baremos, límites y condiciones de las subvenciones a conceder para la financiación del coste de los ERE, por lo que los sistemas elegidos" por Empleo para determinar "tanto a la empresa elegida como los importes a financiar son totalmente discrecionales".
Por todo ello, y además de las citaciones como imputados de los exaltos cargos de la Junta, la Fiscalía reclama que se requiera a la Junta "para que aporten todas las agendas de las personas imputadas en la presente causa que desempeñen o hayan desempeñado cargo o puesto en la misma en el periodo objeto de investigación", así como que se oficie a la Dirección General de Seguros y a la Guardia Civil para que entreguen los informes relativos a Altadis.Alaya, experta en ERES
La juez Alaya también ha sido la instructora del caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía. La causa se inició en 2009, cuando el exportavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia ante el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla. Aquí abreviamos los pasos más importantes en el 'Caso ERE'.EN 2009
- El 24 de abril. El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, denuncia ante la Justicia el presunto intento de cobro de comisiones a unos empresarios por parte de dos exdirectivos de Mercasevilla.EN 2011instruye el caso de los ERE fraudulentos de la Junta de Andalucía.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1915511/0/cronologia/caso-ere/junta-andalucia/#xtor=AD-15&xts=467263
- El 16 de marzo. La juez Mercedes Alaya admite a la Junta de Andalucía como acusación particular.
- El 30 de marzo. La juez pide a la Junta las actas de todas las reuniones de su Consejo de Gobierno.
- El 3 de julio. El Tribunal de Cuentas del Estado inicia una auditoría sobre los ERE tras una denuncia del PP.
- El 2 de agosto. Un Juzgado de Sevilla ordena a 16 prejubilados irregulares de Mercasevilla a devolver el dinero público recibido.EN 2012
- El 10 de marzo. Ingresa en prisión el ex director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero Benítez. Es el primer imputado en prisión.
- El 20 de marzo. Juan Francisco Trujillo, chófer de Francisco Javier Guerrero (Ex director general de Trabajo de la agencia IDEA), declara ante la juez que llegaron a gastar 25.000 euros mensuales de dinero público en droga.EN 2013
- El 28 de noviembre. Se cierra la comisión de investigación parlamentaria.
- El 26 de marzo. El TSJA abre diligencias penales contra Francisco Javier Guerrero y Antonio Rivas por aprobar de manera irregular el ERE de Mercasevilla.
- El 3 de abril. En su comparecencia ante el pleno del Parlamento andaluz, José Antonio Griñán asegura que puede decir "sin bajar la mirada" que su Gobierno es "honrado".
- El 24 de abril. La magistrada Alaya bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.
- El 8 de mayo. La Fiscalía Anticorrupción pide una fianza de 258 millones de euros a cada uno de los exdirectivos de Vitalia imputados en la nueva fase del proceso.
- El 30 de mayo. La juez levanta el secreto sumarial sobre la última fase del caso.
- El 3 de junio. La Guardia Civil establece que 7,6 millones de euros fueron transferidos a los sindicatos por mediadoras en los ERE entre 2000 y 2010.
- El 8 de junio. La Audiencia de Sevilla amplía la imputación a Daniel Alberto Rivera, director general de Empleo de la Junta entre 2010 y 2012.
- El 10 de junio. El consejero delegado de Construcciones Juan de Robles, Eduardo Báñez, hermano de la ministra de Empleo, niega connivencia con otras empresas que acudieron al concurso de compra de los terrenos de Mercasevilla.
- El 17 de junio. La juez imputa ocho delitos a José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter y eleva a 51 millones sus cobros.
- El 18 de junio. La juez decreta prisión para el dueño de Uniter, José González Mata, eludible bajo fianza de 600.000 euros.
- El 2 de julio. Alaya imputa a la exministra de Fomento Magdalena Álvarez y a una veintena de altos cargos de la Junta de Andalucía.
- El 6 de agosto. La juez imputa a dos hijos de Ruiz Mateos y otras 21 personas.
- El 27 de agosto. Griñán dimite como presidente de la Junta de Andalucía.
- El 10 de septiembre. La juez imputa a los ex presidente de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán. Y también a los ex consejeros Antonio Ávila, Carmen Martínez Aguayo, Manuel Recio, Francisco Vallejo y José Antonio Viera.
- El 3 de octubre. El exviceconsejero de Economía y Hacienda entre 1990 y 2004 José Salgueiro (el segundo de Magdalena Álvarez) se acoge a su derecho a no declarar. Alaya le imputa malversación y prevaricación.
- El 8 de octubre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez comparece ante la jueza. La jueza le imputa prevaricación y malversación de caudales públicos.
- El 7 de noviembre. La exconsejera de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez declara por segunda vez ante la jueza. Vuelve a defender su actuación.
- El 15 de noviembre. Alaya amplía la investigación a todas las consejerías de la Junta. Pide a la Administración andaluza que le remita información de cualquier ayuda concedida por cualquiera de sus consejerías a un grupo de 35 empresas.
- El 19 de diciembre. La jueza vuelve a preimputar a los expresidentes de la Junta José Antonio Griñán y Manuel Chaves, así como a cinco exconsejeros: Carmen Martínez Aguayo, José Antonio Viera, Francisco Vallejo, Manuel Recio y Antonio Ávila.En 2014
- El 3 de febrero. Alaya investiga las cuentas de los sindicatos CC OO y UGT para conocer cuánto llegaron a cobrar de la Junta.
- El 10 de febrero. La magistrada imputa al empresario José María Ruiz Mateos y a su hijo Zoilo por la inclusión de intrusos en varios ERE del grupo Nueva Rumasa. Y decide devolver el DNI al exconsejero de Empleo Antonio Fernández.
- El 5 de marzo. La juez acuerda pedir al Parlamento andaluz documentos sobre el conocimiento de su Comisión de Economía pudo tener de las transferencias de financiación utilizadas para pagar las ayudas que se investigan.
- El 7 de marzo. El abogado de dos exaltos cargos de la Junta reclama a Alaya que eleve el caso al Supremo. Además, la Audiencia decide que la juez deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT-A, al entender que no guarda relación con el caso de los ERE.
- El 10 de marzo. La jueza cita nuevamente al empresario José María Ruiz-Mateos y le advierte de que la orden de citación puede convertirse en una de detención. La jueza cita nuevamente al empresario José María Ruiz-Mateos y le advierte de que la orden de citación puede convertirse en una de detención. Además, sale de prisión la penúltima persona encarcelada por los ERE, la directiva de Vitalia María Vaqué. Solo queda en prisión el también directivo de esta empresa Eduardo Pascual.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1915511/0/cronologia/caso-ere/junta-andalucia/#xtor=AD-15&xts=467263El abogado de dos exaltos cargos de la Junta reclama a Alaya que eleve el caso al Supremo, alegando que "ya no tiene competencia". Además, la Audiencia decide que la jueza deje de investigar el caso de las facturas falsas de UGT-A, al entender que no guarda relación con el caso de los ERE.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1915511/0/cronologia/caso-ere/junta-andalucia/#xtor=AD-15&xts=467263La magistrada bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.
Ver más en: http://www.20minutos.es/noticia/1915511/0/cronologia/caso-ere/junta-andalucia/#xtor=AD-15&xts=467263La magistrada bloquea 84 cuentas de José González Mata, dueño de la aseguradora Uniter.
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