El varón, con iniciales J.C.T.R, será juzgado en la Audiencia Provincial en un juicio que se celebrará los días 5 y 6 de abril con la intervención de doce testigos y tres peritos.
En sus conclusiones provisionales, recogidas por Europa Press, la Fiscalía recoge que el acusado, socio y administrador solidario de la empresa hasta el 12 de diciembre de 1997, también autorizado para realizar operaciones en una cuenta de Caja Segovia de la que era titular Censenal Ávila S.L. --de la que no era socio ni administrador--, realizó varias operaciones entre mediados de mayo y diciembre de aquel año.
El 15 de mayo retiró de esa cuenta de Caja Segovia 49 millones de pesetas --casi 300.000 euros-- en efectivo, que tenían como fin una ampliación de Censenal Ávila, y que incorporó a su patrimonio, sin justificar su destino. Ese día se habían realizado a esa cuenta dos traspasos por valor de los casi 300.000 euros, uno a cuenta de Telsonid S.L. y otro de Enal Instalaciones de Seguridad S.L.
La ampliación de capital de Censanal Ávila, correspondiente a los mencionados abonos, se llevó a cabo por escritura pública de esa misma fecha, tras el correspondiente acuerdo social. El 28 de mayo esta entidad otorgó escritura pública por la que confería amplio poder a favor del acusado, para, entre otras facultades, disponer de toda clase de bienes, realizar actos de los que resultara la participación en otras sociedades, disponer cuentas y depósitos de cualquier tipo en toda clase de entidades de ahorro y bancos, otorgar y firmar documentos y retirar y cobrar cualquier cantidad o fondos de organismos públicos o privados.
Este poder no le fue revocado al acusado hasta el 12 de diciembre de 1997. En el mes de julio, con motivo de una primera ampliación de capital de Censenal Turismo S.L, para el que no había acuerdo social, una mujer con iniciales M. S. F. G. entregó al acusado cinco millones de pesetas en efectivo --algo más de 30.000 euros-- para que los ingresara en la cuenta de dicha sociedad al objeto de suscribir parte de dicha ampliación de capital, cantidad que el acusado hizo suya y que niega haber recibido.
Unos días después el varón traspasó 29 millones de pesetas -- 174.293 euros-- de la cuenta de Censenal Turismo a la de Censenal Ávila para a continuación retirarlos y volverlos a ingresar en esta última, si bien una parte por cuenta de Censenal Ávila y otra por cuenta de la mujer.
En las cuantas anuales correspondientes a 1997, que no fueron aprobadas, el acusado incluyó en el mes de julio una supuesta ampliación de capital de 29 millones de pesetas que no obedece a ningún acuerdo societario ni consta su elevación a público ni su inscripción registral. La retirada de fondos de la cuenta de la empresa de la que era socio se registró como salida del banco, y figuraba como contrapartida el pago de una deuda de la sociedad, si bien no consta la existencia de deudas.
En diciembre, con motivo de una nueva ampliación de capital de Censeal Turismo, el acusado ingresó en la cuenta de la empresa cinco millones de pesetas por cuenta de M.S.F.G, que esta le había entregado en metálico pocos días antes, así como 24 millones por cuenta de Enal y Censenal Ávila. De esta forma, el varón obtuvo los certificados bancarios de esos ingresos que eran precisos para incorporarlos a la escritura pública correspondiente.
Posteriormente, retiró los 29 millones en efectivo y los incorporó de nuevo a su patrimonio. Al día siguiente, 12 de diciembre, se acordó en Junta General extraordinaria de socios de Censenal Turismo una ampliación de capital por valor de 29 millones y se elevó a escritura pública. La mujer M.S.F.G, nombrada ese mismo día administradora única de la sociedad, actuó en nombre de la entidad.
EL PROCESO, PARALIZADO EN CUATRO OCASIONES
Según las conclusiones provisionales, ninguno de los movimientos bancarios mencionados, ni tampoco esta ampliación de capital se reflejó en la contabilidad de 1997 de Censenal Turismo. Además, el fiscal recoge que el presente procedimiento se paralizó hasta en cuatro ocasiones entre junio de 2008 y agosto de 2013.
Para la Fiscalía, los hechos son constitutivos de un delito continuado de apropiación indebida, por lo que pide para el acusado una pena de tres años y medio de prisión y una multa de nueve meses con cuota diaria de 30 euros. Además, en cuanto a la responsabilidad civil, solicita una indemnización de 294.495 euros --49 millones de pesetas-- para Censenal Ávila, 30.050 euros --cinco millones de pesetas-- para M.S.F.G. y 174.293 --29 millones de pesetas--para Censenal Turismo.
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