Aprobada la Ley de Transparencia en Cataluña, que prevé "silencio positivo"

Barcelona, 18 dic.- El Parlament ha aprobado hoy con una amplia mayoría la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno de Cataluña, que contiene aspectos muy novedosos, como el concepto de "silencio positivo", un "registro de lobbys" y un régimen sancionador de las administraciones.

La Ley de Transparencia catalana ha sido aprobada con los votos favorables de CiU, ERC, PSC y PPC, mientras que ICV-EUiA y la CUP se han abstenido o votado en contra de algunos artículos, y Ciutadans (C's) se ha abstenido en todo el texto.

La nueva ley tiene como objetivo garantizar a los ciudadanos el acceso a la información de las instituciones, y para ello, introduce por primera vez el principio del "silencio positivo" por el cual las Administraciones estarán obligadas a facilitar los datos requeridos por los ciudadanos una vez transcurrido el plazo máximo de un mes sin haber respondido.

Antes de cuatro meses será creada la Comisión del Derecho al Acceso a la Información, que evita tener que recurrir a los tribunales para pedir información no facilitada, ya que su función es la de velar por los derechos de los ciudadanos en esta materia.

Aunque esta comisión estará adscrita al gobierno de la Generalitat, la ley estipula que no dependerá ni orgánica ni jerárquicamente del ejecutivo, y que estará formada por tres a cinco miembros designados democráticamente por el Parlament.

La ley crea también un Portal de la Transparencia en Internet con la voluntad de que sea un instrumento útil para que los ciudadanos obtengan información y para que, por ejemplo, puedan acceder al Registro de contratos de la Generalitat y a los convenios suscritos.

Uno de los aspectos más novedosos es la creación del Registro de Lobbys y de Grupos de Interés, con la finalidad de regular su relación con la Administración y obligarles a que sigan "un código de conducta" si no quieren ser vetados, por ejemplo, para acceder a los concursos de contratación pública.

Las empresas privadas que disponen de concesiones de servicios públicos básicos, por ejemplo del sector de la energía, estarán obligadas a cumplir la ley, y si se produce incumplimiento de las obligaciones, se prevé un régimen sancionador.

La Ley de Transparencia estará totalmente en vigor dentro de seis meses, aunque en materia de "publicidad activa" su aplicación será paulatina, y el Parlament tendrá un ámbito propio de regulación.