Archivada la querella que acusaba a ángel maría villar de apropiación indebida

El juez de Madrid Adolfo Carretero ha decidido archivar la causa que investigaba al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, y en la que estaba acusado de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y falsedad documental por, entre otras cosas, costear presuntamente con fondos de la federación viajes privados de sus directivos y familiares.

El magistrado, titular del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid, ha decretado el archivo y el sobreseimiento provisional de la causa al concluir que “de lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración de los delitos”, según un auto hecho público hoy.
En la causa también estaban imputados el vicepresidente del RFEF, Juan Padrón; el administrador general, José María Castillón, y los directivos Antonio Borrás y Juan Espino. La querella fue posteriormente ampliada contra la Sociedad de Estudio 2000 -proveedor oficial de las federaciones autonómicas- y contra Juan Antonio Padrón, hijo del vicepresidente de la RFEF.
La investigación se inició en 2003 tras la denuncia presentada por el entonces vicepresidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), Javier Tebas, quien acusó a Villar, Padrón y otros directivos de la RFEF de diversas irregularidades, como el cobro de comisiones, el pago de viajes privados con fondos de la federación o diversas anomalías en las cuentas tributarias.
El juez Carretero concluye que “la investigación judicial únicamente ha acreditado retrasos en devoluciones, contratos que pudieron ser mejorables, irregularidades formales en las gestiones de las subvenciones no delictivas, pésima gestión en contabilidad de viajes, dietas y compra de divisa extranjera, incrementos patrimoniales de los imputados que no derivan de fondos de la federación o de comisiones de empresas que contrataron con la misma”. Es decir, se han detectado irregularidades pero que no constituyen delitos penales.
IRREGULARIDADES FORMALES
El auto recoge que el Informe del Tribunal de Cuentas sobre la fiscalización de la financiación pública de la RFEF en los ejercicios 2000 y 2002 señala “la existencia únicamente de irregularidades meramente formales no significativas, dado el volumen de las subvenciones, sin que constituyen apropiación, desviación o incumplimiento de las condiciones o alteración de las mismas”.
En cuanto al contrato de suministro de material deportivo suscrito en enero de 1997 por la RFEF con Puma, en virtud del cual esta sociedad adquirió la condición de proveedor oficial de las federaciones autonómicas, la resolución judicial señala que los peritos de la Policía Científica concluyeron que se trataba de “tarifas comerciales adecuadas y razonable, no siendo constitutivo de delito de administración desleal, que exige ánimo de lucro y perjuicio evaluable acreditado”.
El juez Carretero también hace referencia a la presunta utilización de fondos de la RFEF para costear viajes privados de sus empleados y familias. “Tras el examen de las cuentas de la federación y de los imputados, los peritos judiciales determinaron que la facturación de dichos viajes era caótica y su contabilidad defectuosa, pero que nunca se ocultaron y afectaron en todo caso a los fondos privados de la federación que eran mal gestionados”, señala el auto.
Por último, la resolución revela que los peritos detectaron “incrementos en las cuentas de los imputados de origen desconocido”, pero el magistrado señala que su presunto carácter delictivo “no resulta acreditado”.