Argentina va a la huelga con creciente conflictividad social

Natalia Kidd

Buenos Aires, 10 abr.- La huelga general convocada en Argentina por sindicatos opositores al Gobierno de Cristina Fernández se desarrolla hoy en medio de un amargo cóctel de tensiones económicas, apetencias políticas y creciente conflictividad social.

El paro tiene como principales reclamos mejoras salariales por encima del 40 % y un aumento del tope exento del pago de Ganancias, un impuesto a la renta que pesa sobre los trabajadores en Argentina que ganan más de 15.000 pesos mensuales (1.875 dólares).

Los sindicatos exigen al Gobierno que no intente imponer topes máximos para las alzas salariales en las negociaciones paritarias, que están en pleno desarrollo.

En voz baja, el Ejecutivo pretende que las alzas no excedan el 20 % para poner paños fríos a una de las variables clave de la economía, los salarios, que incide en los costes de producción y, por ende, en la inflación, que, según consultoras privadas, crece a un ritmo interanual del 35 %, carcomiendo el bolsillo de los trabajadores.

"Este paro general tiene lugar cuando por primera vez en más de una década del kirchnerismo en el Gobierno, el poder adquisitivo del salario ha comenzado a caer y cuando las jubilaciones pierden frente a la inflación, también por primera vez, desde 2009", apuntó el analista Rosendo Fraga.

Para el oficialismo, la huelga, en plena negociación salarial, tiene en cambio motivaciones políticas ya que es liderada por el poderoso titular del gremio de los camioneros, Hugo Moyano, uno de los principales líderes opositores al Gobierno, del que antes era uno de sus principales aliados.

De hecho, Moyano rompió filas definitivamente con el oficialismo en 2012, cuando organizó un exitoso paro contra Fernández gracias a la paralización total del transporte.

Según Fraga, la huelga se realiza en un contexto de fortaleza del sistema político-institucional argentino, pese a la derrota electoral del oficialismo en las legislativas de octubre pasado y la caída en los sondeos del Gobierno, que no logra controlar la inseguridad, una de las principales preocupaciones sociales en Argentina.

De hecho, la ola delictiva y la conflictividad en las calles se ha vuelto tema de discusión política entre los aspirantes a la Casa Rosada de cara a las presidenciales de 2015 y Moyano, al convocar esta huelga, incluyó esta problemática entre los reclamos al asegurar que la inseguridad es "insostenible e insoportable".

El cuadro de la seguridad pública viene caldeándose en Argentina, con delitos cada vez más violentos, el crecimiento del narcotráfico y virulentas expresiones de anomia como la suscitada a finales del pasado año, cuando en medio de la huelga policial más extensa que recuerde el país se desató una ola de saqueos en la que murieron once personas.

El tema no ha salido de la agenda pública. A la discusión política por la inminente reforma del Código Penal, que podría implicar menores penas para delitos graves, se suma ahora el fenómeno de los linchamientos de presuntos delincuentes que sus autores justifican en una supuesta falta de acción de la policía y la Justicia.

Atento a la coyuntura, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, quien aspira a competir en las próximas presidenciales, declaró en los últimos días la "emergencia por inseguridad" en su distrito.

Scioli, un oficialista de relación ambivalente con la Casa Rosada, recoge así el guante de quien se perfila como uno de los principales candidatos opositores a la Presidencia, Sergio Massa, exjefe de Gabinete de Fernández y que ha colocado a la seguridad como uno de sus ejes de campaña.

A este cóctel que rodea la huelga se suman las movilizaciones y cortes de calles y carreteras convocadas hoy por organizaciones de izquierda, lo que añade más leña al fuego al malhumor social.

Según datos de la consultora Diagnóstico Político, el nivel de conflictividad social medido en cortes de vías públicas tocó un récord desde 2010, con 658 "piquetes" en total, un 48 % más que hace un año.

El fenómeno, según explicó el analista Patricio Giusto, "tuvo un esperable aumento debido a los conflictos salariales con gremios estatales y privados en la mayoría de las provincias, además de protestas de organizaciones sociales y vecinos, con la inseguridad como principal motivo de reclamo".

"El trasfondo de la alta conflictividad es una coyuntura con alta inflación, caída de la actividad económica, aumento de la inseguridad, así como también de la violencia en la vía pública", sintetizó el experto.