Arranca en Argentina el juicio por la represión de la crisis de 2001

Buenos Aires, 24 feb.- La Justicia argentina comenzó hoy el juicio por la muerte de cinco personas durante la sangrienta represión del estallido social de los días 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando el país estaba inmerso en una profunda crisis que derivó en la salida de Fernando de la Rúa de la Presidencia.

El expresidente es el gran ausente del juicio que se celebra en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 6 de la capital, ante el cual se realizó hoy una manifestación para reclamar justicia para las víctimas de la crisis de 2001, que se saldó con un total de 39 muertos en todo el país.

Los acusados son el exsecretario de Seguridad Enrique Mathov, el exjefe de la Policía Federal Rubén Santos y quince expolicías.

Los cargos son la muerte de Alberto Márquez, Gastón Riva, Carlos Almirón y Diego Lamagna y la tentativa de homicidio de Martin Galli y Paula Simonetti, además de lesiones en distinto grado cometidas en perjuicio de 117 personas.

De la Rúa fue exculpado en su día por la Cámara Federal de Casación al considerar que actuó legítimamente y acorde con la Constitución al declarar el estado de sitio el 19 de diciembre, ante el estallido social contra su gobierno que le obligó a renunciar al día siguiente y abandonar la Casa de Rosada en helicóptero.

Movimientos políticos y asociaciones civiles como la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) o la organizaciones kirchnerista Unidos y Organizados, que se manifestaron hoy a las afueras del Tribunal, criticaron que el expresidente De La Rúa no esté en el banquillo de los acusados.

"Lo que intentaron es que esto nunca llegara a juicio y previamente sobreseyeron a de la Rúa, el presidente argentino que dio la orden para que exista esta represión", dijo a Efe Vilma Ripoll, del Movimiento Socialista de los Trabajadores.

Ripoll sostuvo que "el juicio viene 12 años atrasado" aunque es un "triunfo" porque sienta un precedente para que "a los policías actuales y a los funcionarios actuales no se les ocurra repetir la historia".

Más de 500 testigos serán llamados a declarar en este proceso, que puede durar entre uno y dos años.