La Habana, 24 mar.- La Asociación Cubana de las Naciones Unidas (ACNU) denunció hoy en La Habana el "ocultamiento de la verdad" y las "graves violaciones" a los derechos humanos cometidas en el caso de los cinco agentes cubanos condenados en Estados Unidos por espionaje, de los que aún tres se encuentran encarcelados.
La ACNU celebró este lunes el "Día Internacional del Derecho a la verdad en relación con violaciones graves a los derechos humanos y la dignidad de las víctimas", adoptado por las Naciones Unidas, con un panel dedicado al caso de los espías cubanos y al arzobispo salvadoreño Oscar Arnulfo Romero, asesinado el 24 de marzo de 1980.
La directora de la ACNU, Soraya Álvarez, consideró que el mundo y en particular el pueblo de los Estados Unidos deben conocer "la verdad" sobre los cinco cubanos que fueron enjuiciados y condenados por espionaje en 2001 a largas penas de prisión en Estados Unidos.
Fernando González y René González, Gerardo Hernández, Ramón Labañino y Antonio Guerrero, fueron detenidos en 1998 cuando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) desmanteló la red de espionaje cubana "Avispa", que actuaba en el sur de Florida.
Todos admitieron que eran agentes del Gobierno cubano "no declarados" ante EE.UU., pero alegaron que espiaban a "grupos terroristas de exiliados" que conspiraban contra el entonces presidente Fidel Castro, y no al Ejecutivo estadounidense.
De ellos, Fernando y René González cumplieron sus condenas y han regresado a Cuba, y quedan encarcelados Labañino, Guerrero y Hernández, que cumple la condena más alta, de dos cadenas perpetuas más quince años de prisión.
La abogada Nuris Piñeiro, directora del Bufete de Servicios Especializados de Cuba, detalló las circunstancias y elementos técnicos del proceso seguido contra "los cinco", como se les conoce en la isla, y sostuvo que "este no es un caso criminal, es un caso político".
En ese sentido, sostuvo que "las evidencias no fueron entregadas ni a 'los cinco' ni a sus abogados porque se aplicó la ley de procedimiento a la información clasificada que vio la oportunidad de no entregarla".
La especialista, vinculada al caso desde sus inicios hace 15 años, recordó que en una audiencia en mayor de 1999 se desclasificó un 15 % de esos medios de pruebas y cuestionó que el 85 % no se conozcan, aún cuando es obligatorio según las leyes norteamericanas.
Piñeiro insistió en que "hay una total obstaculización del conocimiento de la verdad entorno al caso" y sostuvo que "está claro el daño que se ha realizado a ellos y sus familiares".
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