Madrid, 10 abr.- Dos asociaciones de fiscales han cuestionado hoy la prohibición de los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos, ante la dificultad de llevar a la práctica esta norma.
Así lo han expresado a Efe después de que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, haya negado "tajantemente" que su departamento haya ordenado a la Policía como norma general prohibir los escraches a menos de 300 metros de los domicilios de políticos, ya que la distancia de seguridad dependerá de la ubicación exacta de cada vivienda.
Después de estas afirmaciones del ministro, se ha conocido que la secretaría de Estado de Seguridad ha enviado una instrucción a las delegaciones de Gobierno -a la que ha tenido acceso Efe- para que la Policía establezca una "distancia prudencial" entre la protesta y la vivienda del afectado.
El portavoz de la Asociación de Fiscales, Antonio Roma, ha opinado que la limitación del derecho de manifestación exigirá un amplio debate y ha considerado "complicado" que el establecimiento de un perímetro de 300 metros en los escraches.
Roma se ha mostrado partidario de analizar los escraches "caso a caso" y valorar la participación de cada persona en cada acto de protesta concreto.
Ha reconocido que puede llegar a los tribunales algún supuesto concreto de alguna persona individual que participe en un escrache en el se pueda estimar la existencia de una afectación a la libertad de los individuos.
Por su parte, la portavoz de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), María Moreto, se ha preguntado porqué se iba a fijar un perímetro de 300 metros en los escraches.
Moreto ha estimado que el personaje público tiene que convivir con este tipo de actos, sobre todo, en estos momentos en los que muchos ciudadanos están en situaciones límite y ven que otras personas e instituciones disfrutan de privilegios, mientras no se atiende al derecho fundamental a la vivienda.
La portavoz de la UPF ha apuntado que el escrache supone la manifestación de una opinión y la petición de una conducta determinada, lo que, desde su punto de vista, no está tipificado como una infracción penal, "siempre que no derive en situaciones de violencia o amenazas".
Se ha mostrado en contra de la modificación del Código Penal para endurecer las penas con el objetivo de "evitar las protestas ciudadanas".
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