Santiago de Chile, 12 ene.- El abogado y exdiputado chileno Cristián Letelier, cuestionado dentro de la investigación por aportes irregulares del grupo Penta a las campañas para las elecciones parlamentarias del 2013, asumió hoy como miembro del Tribunal Constitucional.
Tras la ceremonia de juramento, donde también asumió el socialista Nelson Pozo, Letelier insistió en su inocencia en el denominado "Pentagate" al señalar que "nunca" ha recibido "eso (dinero), porque sino no tendría derecho a estar en este tribunal".
"Muy por el contrario, yo realicé mi labor parlamentaria apegada a la ética y al derecho, como lo voy a hacer en este cargo", añadió Letelier, exdiputado por la ultraderechista Unión Demócrata Independiente (UDI).
Aseguró que hará todo lo posible "para estar a la altura de lo que es ser un ministro de este tribunal".
El Tribunal Constitucional de Chile es un órgano del Estado chileno, autónomo e independiente de toda otra autoridad o poder, con naturaleza jurídica de tribunal colegiado.
Un correo que liga a Letelier con el caso Penta, en el que este presuntamente le pide dinero a uno de los controladores del grupo para financiar la campaña del excandidato presidencial de la UDI Pablo Longueira, puso al abogado en el tapete de los cuestionamientos.
El correo fue enviado el 7 junio de 2013 supuestamente por Letelier al socio controlador del grupo Penta, Carlos Alberto Délano, pidiéndole aportes para el entonces candidato presidencial.
La polémica por la financiación de las campañas políticas, que en Chile permite aportes reservados de empresas privadas, surgió a raíz de la investigación abierta por la Fiscalía a los principales socios del grupo Penta por fraude al Fisco.
El Servicio de Impuestos Interno (SII) denunció a los dueños de Penta como autores de delito tributario por la emisión indebida de boletas de honorarios y facturas falsas con el fin de disminuir la base imponible del impuesto a la renta por unos 2.000 millones de pesos (3,38 millones de dólares).
Hugo Bravo, exejecutivo de Penta, fue quien abrió el capítulo político del caso al denunciar ante el Ministerio Público que el grupo controlado por Délano y Carlos Eugenio Lavín financiaba las campañas de la UDI con dinero proveniente de negocios ficticios que acreditaban con boletas y facturas falsas.
El jueves pasado la Fiscalía de Delitos de Alta Complejidad pidió, entre otros, procesar a Délano y Lavín.
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