Madrid, 4 sep.- La Audiencia Provincial de Madrid estudiará hoy el recurso presentado por la acusación popular en la causa por el incidente de tráfico de la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, que pide que sea juzgada por un delito y no por una falta, como decidió el juez.
La asociación Transparencia y Justicia recurrió la decisión del juez de instrucción número 14 de Madrid, Carlos Valle, de tramitar como juicio de faltas el incidente de tráfico al no apreciar delito de resistencia a la autoridad.
En el recurso de apelación, Transparencia y Justicia considera que, "por los mismos hechos, cualquier otro ciudadano normal hubiese acabado en el calabozo de una comisaría, con los grilletes en las muñecas, para ser inmediatamente citado de comparecencia para la celebración de juicio rápido".
Sin embargo, la Fiscalía apoya la tesis del magistrado y aporta varias sentencias de diferentes audiencias provinciales con casos que considera similares de personas dándose a la fuga de los agentes.
Los magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Madrid celebrarán hoy una reunión a puerta cerrada para la deliberación y fallo del recurso, aunque la decisión se conocerá en unos días, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Si la Audiencia confirma la decisión del juez, la causa volverá al juzgado para la celebración del juicio de faltas, mientras que si el tribunal acuerda que se tramite como delito, Aguirre y los testigos tendrían que prestar declaración.
El incidente ocurrió el pasado 3 de abril cuando Aguirre estacionó su vehículo en el carril bus de la Gran Vía madrileña y dos agentes de movilidad acudieron al lugar para imponerle una multa.
Una vez que la presidenta del PP en Madrid llegó al coche, los agentes le pidieron la documentación para completar el trámite habitual de denuncia.
Los policías señalaron que Aguirre les dio parte de la documentación y accedió al coche para coger el resto, pero arrancó el vehículo y comenzó a circular, derribando una de las motos, por lo que los agentes comunicaron la situación por la emisora.
Tanto el magistrado como la Fiscalía entienden que el incidente no implica un delito, sino una falta de desobediencia leve.
Una falta de desobediencia leve está castigada con una multa de diez a sesenta días, mientras que un delito de desobediencia grave está penado con prisión de seis meses a un año.
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