Sídney (Australia), 25 oct.- El fiscal general de Australia, Robert McClelland, rechazó hoy la solicitud para procesar al presidente de Sri Lanka, Mahinda Rajapaksa, por crímenes de guerra durante el largo conflicto con los tamiles.
La denuncia fue presentada el lunes en Melbourne por el ciudadano australiano de origen ceilanés Arunachalam Jegatheeswara en relación a las muertes de civiles en 2009, en los últimos meses del conflicto.
El despacho de McClelland explicó hoy en un comunicado que de autorizar el proceso vulneraría las leyes internacionales que otorgan inmunidad a los jefes de las misiones diplomáticas.
"La inmunidad incluye la inviolabilidad personal, que va desde cualquier forma de detención y arresto hasta la inmunidad ante la jurisdicción criminal del país que lo recibe", según la nota citada por la radio local ABC.
El presidente de Sri Lanka arribó hoy a Perth para participar en la cumbre de jefes de Estado o de Gobierno de la Mancomunidad Británica de Naciones (Commonwealth), que empieza el viernes, y para mantener mañana una reunión con la primera ministra australiana, Julia Gillard.
La ONU calcula que en los 37 años de guerra entre los Tigres para la Liberación de la Patria Tamil (LTTE) y las Fuerzas Armadas de Sri Lanka hubo entre 80.000 y 100.000 muertos, de los cuales, unos 40.000 fueron civiles que perecieron en el norte y este del país en 2009.
La semana pasada, la Comisión Internacional de Juristas (CIJ) acusó al alto comisionado ceilandés en Australia, el exalmirante Thisara Samarasinghe, de estar implicado en ataques contra civiles durante los últimos años del conflicto en el país asiático.
Samarasinghe comandó entre 2007 y 2009 la Armada en el norte y este de Sri Lanka y fue jefe del personal de la Marina durante los años finales de la guerra civil.
Por otro lado, la Policía australiana investiga al diplomático Palitha Kohona, de nacionalidad ceilandesa y australiana, por su presunta participación en crímenes de guerra.
A Kohona, que fue diplomático australiano en la década de 1980 y actualmente es representante de Sri Lanka ante la ONU, se le acusa de enviar, a través de intermediarios, mensajes de textos a los tamiles y a los civiles para que se entreguen desarmados.
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