(avance) eta. El juez ordena identificar a los titulares de tres teléfonos de interior relacionados con el “caso faisán”

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado identificar a los titulares de tres números de teléfono del Ministerio del Interior con los que los imputados del “caso Faisán” intercambiaron varias llamadas en las horas previas y posteriores al chivatazo a ETA que tuvo lugar el 4 de mayo de 2006 y que alertó a la banda terrorista de la operación policial que se iba llevar a cabo contra su aparato de extorsión.
El magistrado responde así a la petición de la asociación Dignidad y Justicia -respaldada posteriormente por la Fiscalía-, que solicitó la semana pasada que se identificase a los titulares de los tres teléfonos como paso previo a citarles a declarar. Esta nueva diligencia se suma a las ordenadas por el magistrado la semana pasada en su intento por reactivar la investigación del "chivatazo".
El escrito presentado por la asociación subrayaba que el informe elaborado por la Dirección General de la Policía sobre el tráfico telefónico de los tres imputados -el ex director general de la Policía Nacional Víctor García Hidalgo y otros dos miembros del cuerpo- no refleja las llamadas que realizaron y recibieron de tres números pertenecientes a la Subsecretaría del Ministerio del Interior entre el 1 de mayo de 2006 -un día antes de la delación- y el 16 de septiembre de ese año.
CONTRADICCIONES EN LAS DECLARACIONES
Ruz ha decidido además citar a declarar en calidad de testigo al superior jerárquico del jefe del equipo conjunto de investigación franco-español contra el aparato de extorsión de ETA, Carlos G., que en el momento de los hechos era comisario jefe de la Unidad Central de Inteligencia.
Dignidad y justicia solicitó esta comparecencia para esclarecer las “contradicciones existentes” entre la versión de los hechos de este último con el informe elaborado sobre los hechos por la Dirección General de la Policía.
El citado informe, elaborado por el superior jerárquico, destaca que durante el 3 de mayo de 2006, un día antes del chivatazo, Carlos G. fue “reticente” a llevar a cabo el operativo contra el aparato de extorsión en torno al bar “Faisán” de Irún (Guipúzcoa) “argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos dado el momento de la tregua de ETA, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre”.
El magistrado solicita además otra serie de dligencias, entre las que destaca la toma de declaración en calidad de testigo de Fernando Amo García, antiguo comisario provincial de San Sebastián.