(avance) la audiencia nacional investiga el sobrecoste de la ampliacion del puerto gijonés de el musel

El juzgado central de instrucción número tres de la Audiencia Nacional, dirigido por Javier Gómez Bermúdez, ha incoado diligencias previas para investigar la ampliación del puerto gijonés de El Musel a raíz de una denuncia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por la actuación de la UTE Dique Torres y miembros de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Según el escrito del juzgado, no están determinadas aún ni la naturaleza ni las circunstancias de los hechos ni las personas que puedan haber intervenido en ellos. Para esclarecerlo el juez pide documentación a la Autoridad Portuaria sobre quienes eran sus responsables en el momento de la obra, sobre sus relaciones con Hidrocantábrico S.A. y con Tudela Veguín S.A. y a la UTE Diego Torres para que aporte el contrato de ampliación.
Las supuestas irregularidades en la contratación y ejecución de las obras de ampliación del puerto de El Musel de Gijón llevaron a la Comisión Europea a anular la subvención de 245,7 millones de euros que tenía comprometida y a pedir al Gobierno de España la devolución de los 198 millones ya aportados.
La denuncia del sobrecoste de las estas obras llegó a los juzgados en noviembre de 2014 de la mano del presidente de la Asociación Ciudadanos por Asturias y expresidente de la Autoridad Portuaria de Avilés, Raimundo Abando. Las obras se adjudicaron en 2005 y en 2011 se inauguró el nuevo puerto.
La denuncia, presentada al Juzgado Decano de Asturias, incidía en la circunstancia de que el puerto pudo favorecer a determinadas empresas o personas durante el procedimiento de adjudicación y pudo, también, admitir un incremento de precios respecto al contrato inicial de 216 millones de euros, en circunstancias ilegales.
Abando señalaba en su denuncia a los responsables de las empresas que conformaron la UTE Dique Torres; al presidente y director de El Musel durante la ejecución de los trabajos, Fernando Menéndez Rexach y José Luis Díaz Rato, respectivamente, y a los miembros del Consejo de Administración que, “conociendo los hechos, hubiesen dado su conformidad o no hubiesen votado en contra de la aplicación de los nuevos precios”.
La denuncia añade también que “en los hechos podría haber participado el entonces presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, quien, no siendo consejero, deberá justificar su asistencia al Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria el día de la aprobación de la modificación del proyecto y todos aquellos que a resultas de las actuaciones judiciales hayan podido tener, por acción u omisión, implicación en los hechos denunciados”.
El juzgado de instrucción número 3 pide ahora a la Intervención General del Estado todos los informes efectuados y resoluciones dictadas por la Comisión Europea en torno al expediente de ampliación del puerto de Gijón y que se designen peritos de la IGAE para que examinen el expediente administrativo de contratación. Asimismo, Gómez Bermúdez ofrece a la Abogacía del Estado las acciones que crea oportunas para reclamar el resarcimiento de sus intereses.