Políticos, empresarios, ingenieros, abogados, sindicalistas, periodistas, deportistas y músicos, son parte de este consejo ciudadano que tendrá como misión transparentar el proceso constituyente, informar a la ciudadanía sobre el proceso y preocuparse de que no se produzcan gastos excesivos durante la elaboración de la nueva Carta Magna, explicó Bachelet.
Sus miembros "representan la diversidad de visiones que conviven en nuestro país. ¿Qué es lo que estamos buscando con esto? Dar garantías de que habrá total equidad en la preparación de la nueva Constitución", explicó Bachelet.
La mandataria anunció el mes pasado el inicio del proceso para reformar la Constitución que en 1981 dictó la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con una primera etapa de educación cívica, que seguirá a partir de marzo de 2016 con "diálogos ciudadanos", en los que se sentarán las bases del proyecto de la nueva Carta Magna que será presentado a inicios del segundo semestre de 2017 al Congreso.
En la propuesta se pedirá al próximo Congreso -elegido en 2017 junto al sucesor de Bachelet- que defina qué fórmula será utilizada para redactar el nuevo documento.
La nueva Constitución reemplazará a la actual que fue elaborada durante la dictadura de Pinochet, que ha sufrido algunas modificaciones en estos 25 años de democracia, durante los cuales no se había planteado ninguna iniciativa para erradicarla completamente.
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