El fraude de los cursos de formación en Andalucía vuelve a ser motivo de disputa entre los partidos. En la sesión de control celebrada este miércoles en el Congreso, varios portavoces de la oposición han pedido explicaciones a la ministra de Empleo, Fátima Báñez, por la falta de control de su Ministerio ante la concesión de subvenciones fraudulentas.
El primero en reflotar el conflicto ha sido el parlamentario de UPyD, Álvaro Anchuelo, que ha inquirido a Báñez sobre las medidas que toma el Ejecutivo para verificar "el buen uso de los fondos estatales" que se transfieren a las comunidades autónomas para formación de los parados.
La responsable de la cartera, sin embargo, ha asegurado que Empleo ha cumplido con su deber a través de controles generales realizados a través del Tribunal de Cuentas, de la Intervención General del Estado y del propio SEPE (Servicio Público de Empleo Estatal); un límite que no puede traspasar porque "el TC dice que hay fondos de formación que deben fiscalizar las comunidades autónomas".
En un ambiente caldeado que ha provocado que Báñez eleve la voz más de la cuenta, Anchuelo ha exigido que se lleven a cabo revisiones extraordinarias de "todos los expedientes" ante la posibilidad de que se hayan dado casos similares en otras regiones. "Es difícil pensar en un escándalo más grande que este, con 6 millones de parados a los que se les roba el dinero de la formación", ha sostenido, pese a que Báñez ha pedido al diputado que no culpe al Ministerio de Empleo, porque "está cumpliendo su deber".
La tensión se ha elevado cuando la socialista Soledad Cabezón ha solicitado que Empleo ponga en marcha más medidas para atajar el desempleo en Andalucía. Aquí la ministra ha sido aún más tajante, y ha pedido a la Junta que colabore contra el fraude "como está haciendo el gobierno de la Comunidad de Madrid" para que esa financiación "se ponga a disposición de los andaluces que buscan empleo".
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