Bildu. Tres asociaciones de jueces creen que el supremo y el constitucional han cumplido cada uno su función

Tres de las cuatro asociaciones de jueces defienden tanto la resolución del Tribunal Supremo sobre la coalición Bildu como la contraria del Constitucional, al considerar, en declaraciones a Servimedia, que cada instancia ha cumplido con su función en el ordenamiento jurídico: el TS señalando la continuidad con Batasuna y el TC exigiendo mayor rigor en sus indicios y primando la garantía de los derechos constitucionales.
El portavoz de la Asociación Profesional para la Magistratura (APM), Pablo Llarena, entiende que el proyecto político de Bildu "ofrece luces y sombras", y que el debate sobre su legalización enfrentaba dos derechos: el de la sociedad española a tener unos representantes políticos que defiendan los valores constitucionales y el de "una parte minoritaria pero significativa de la sociedad vasca" a participar en las elecciones.
En esta tesitura, explicó, el Tribunal Supremo concluyó que había indicios de que Bildu podía ser continuadora de Batasuna y había que proteger el primero de estos derechos, mientras que el Constitucional ha juzgado que dicho continuismo "no está suficientemente acreditado" y "en caso de duda ha de primar" su derecho a concurrir a los comicios.
Llarena, quien dijo ignorar si ha habido presiones políticas a uno u otro tribunal, no cree que esto deba ser motivo de "desprestigio" del sistema judicial, porque las leyes son "normas genéricas" y "en su aplicación a casos concretos existen multiplicidad de matices que hacen que los tribunales lo vean de formas diferentes, en función de su ponderación de derechos enfrentados".
En una línea similar, el portavoz de Jueces por la Democracia, José Luis Ramírez, remarcó que tanto el TS como el TC "han cumplido con su función" y "no se puede afirmar que éste haya desautorizado al primero", dado que "ambos tenían intenciones diferentes dentro del proceso": el Supremo observó una continuidad entre "el complejo ETA-Batasuna" y Bildu, y el Constitucional ha querido impedir la lesion del derecho fundamental que recoge el artículo 23 de la Carta Magna.
Ramírez no cree que haya habido "ninguna influencia" del Gobierno ni de los partidos, sino que "el que haya divergencias en órganos colegiados es signo de que el caso era complicado", con "muchas perspectivas de análisis e interpretación" de la Ley de Partidos y los informes policiales".
Por ello, subrayó que "no se puede cuestionar la legitimidad" de ninguna de las decisiones, pues ve "fundamentos legales" en ambas. Pero, ensalzó, el TC "ha estado a la altura de las circunstancias" y ha cumplido con "el papel que tenía que desempeñar", al entender que "hace falta algo más" que "una sospecha" para ilegalizar un partido y que "en caso de duda sobre si un partido puede ser legal o no, ha de optarse por la legalidad".
En nombre de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, su portavoz Marcelino Sexmero indicó que la fundamentación del Supremo era "aceptable", pero que el Constitucional no es un tribunal de justicia sino el guardián de las garantías constitucionales, y por tanto ha de dar más peso a los derechos fundamentales y "ha entendido que primaba el derecho al sufragio pasivo".
También para Sexmero, "ambos tribunales han cumpido su función", y tanto la sentencia del Supremo como la del Constitucional estaban "bien fundadas jurídicamente"; lo que ocurre es que el primero ha de marcar "la línea roja de los derechos fundamentales". Algo que está convencido de que, "se diga lo que se diga", ha hecho sustrayéndose de las opiniones de los partidos que, enfatizó, "no son presiones sino libertad de expresión".
La voz discordante respecto a este reparto de papeles entre el Supremo y el Constitucional la puso el portavoz del Foro Judicial Independiente, Javier Varona, quien objetó a sus homólogos del resto de asociaciones que garantes de los derechos fundamentales han de serlo todos los jueces y tribunales, y entre ellos también el Supremo. En este sentido, le parece que el TC tenía "muy difícil" mantener que los integrantes de una coalición no se pueden presentar a las elecciones, puesto que, denotó, podría hacerlo hasta un terrorista que hubiera cumplido su condena.
Varona lamentó también que se siga adivinando el resultado de la resolución colegiada de un tribunal en función de la división de sus componentes en progresistas o conservadores. "Lo entiendo más en el TC", apuntó, aun censurando la "mala praxis política" de los partidos al no designar a los mejores y más independientes juristas, "pero en el Supremo pasa lo mismo".