Bolivia afirma que no protegerá a quienes huyan de procesos de corrupción

La Paz, 2 ene.- El Gobierno de Bolivia afirmó hoy que tiene un plazo máximo de 120 días para resolver la petición de refugio del prófugo empresario peruano Martín Belaunde y, al mismo tiempo, aseguró que no protegerá a quienes huyan de procesos de corrupción.

El ministro boliviano de Exteriores, David Choquehuanca, expresó esa posición en una comparecencia ante los medios, sin aceptar preguntas, para explicar que su país ha suscrito toda la legislación internacional sobre la institución que supone el refugio.

"En este momento, él tiene la condición de solicitante de refugio y nosotros, como lo establece nuestra ley, tenemos un plazo máximo de 120 días para resolver esta solicitud", agregó.

Sostuvo que se tomará en cuenta toda la información que se presente al Consejo Nacional de Refugiado (Conare), ya sea emitida por el solicitante, como por el Gobierno peruano o la Interpol.

Enfatizó que uno de los principios que se respetarán es la "confidencialidad, por lo que se tiene que tener cuidado en la divulgación de información sobre cualquier solicitante de refugio".

Choquehuanca subrayó que "Bolivia no va a proteger a personas que huyen de procesos por delitos comunes o, más aún, de corrupción".

En ese sentido, recordó que Bolivia ha hecho varias solicitudes ante países vecinos para que no se conceda ni refugio, ni asilo a bolivianos que afrontan denuncias de corrupción.

Belaunde Lossio, exasesor de campaña del presidente de Perú, Ollanta Humala, anunció en su cuenta de Twitter que el próximo 5 de enero dirá "su verdad" ante las autoridades bolivianas para que sustente su petición de refugio.

Sin embargo, Choquehuanca dijo hoy que Belaunde será recién notificado para sostener una entrevista con el Conare y aseguró que esta convocatoria aún no ha sucedido, pero no es algo que se hará conocer por los medios de comunicación.

Belaúnde Lossio ha sido acusado de gestionar intereses de empresas particulares para adjudicarles contratos con el Estado peruano en gobiernos regionales y obtener beneficios económicos para él, por lo que en mayo pasado un tribunal peruano ordenó su detención preventiva durante 18 meses.

Según el gobierno peruano, el empresario está acusado de delitos contra la administración pública, peculado (malversación de fondos públicos) y asociación ilícita para delinquir, y tiene una orden de captura internacional desde el 11 de septiembre de este año.

La Conare está formada en Bolivia por representantes de los ministerios de Relaciones Exteriores, Justicia, Gobierno, la Iglesia Católica, y el Alto Comisionado de Naciones para los Refugiados (Acnur), que participa para dar asesoramiento técnico.

El ministro boliviano también recordó que en noviembre pasado en Bolivia la "I Reunión especializada de ministros y altas autoridades de prevención y lucha contra la corrupción" de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) acordó que los países no serán refugio de funcionarios públicos o particulares procesados y sancionados por corrupción.

En esa reunión se estableció que los "Estados miembros deben abstenerse de considerar los delitos de corrupción como delitos políticos, respetando los acuerdos internacionales y legislaciones nacionales correspondientes", señaló Choquehuanca.