Borbolla dice que solo intentó promover empresas y que perdió dinero

Sevilla, 28 feb.- Ángel Rodríguez de la Borbolla, exalcalde socialista de Cazalla de la Sierra (Sevilla) imputado por la Guardia Civil por las ayudas presuntamente irregulares de la Junta, ha dicho a Efe que solo intentó promover empresas, pero eran un mal negocio y tuvo que poner dinero propio.

Rodríguez de la Borbolla, hermano del expresidente de la Junta José Rodríguez de la Borbolla, declaró la semana pasada ante los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil desplazados desde Madrid, tras ser imputado en la causa que investiga la juez Mercedes Alaya a petición de la propia Junta de Andalucía.

Rodríguez de la Borbolla ha afirmado que no tiene "nada que ocultar" porque siempre actuó según las directrices que le marcó la Junta de Andalucía, que concedió 11,8 millones de euros en ayudas a sus empresas.

"No tengo ningún problema para declarar porque no tengo nada que ocultar" y "atenderé todos los requerimientos que me hagan para que diga lo que sé", ha dicho Rodríguez de la Borbolla, quien defiende que todas las ayudas recibidas tenían como única finalidad "salvar el empleo en el sector corchero de Cazalla de la Sierra".

"He puesto dinero propio y parece que se penaliza intentar promover empresas", se ha lamentado Rodríguez de la Borbolla, que durante veinte años fue alcalde de Cazalla de la Sierra y que ahora ha sido imputado por la Guardia Civil tras la orden de la juez de instrucción 6, Mercedes Alaya, de que se investiguen las ayudas a sus empresas.

Su implicación en la causa se ha producido tras la petición de la propia Junta de Andalucía, que pidió a la juez que imputase a otras seis personas: los exconcejales del PSOE en El Pedroso (Sevilla) José Enrique Rosendo y José María Sayago, y los empresarios Rafael Ávila, Alfonso Seoane, Eduardo Lora y José Enrique Contreras.

Rodríguez de la Borbolla declaró a la Guardia Civil que nadie se lucró con las ayudas de la Junta porque el negocio era "ruinoso" y aseguró que su única intención fue salvar el empleo, ya que Corchos de Cazalla tenía 87 trabajadores, y Corchos y Tapones de Andalucía (Cortansa), 37 empleados.

Según su declaración, el entonces consejero de Empleo, Antonio Fernández, le dijo que se trataba de un sector estratégico y que había que hacer algo para evitar su cierre.