Burgos dice que la Ley de Mutuas aporta eficiencia y protege al trabajador

  • El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha defendido hoy la reforma de la Ley de Mutuas porque tiene el objetivo de "proteger el sistema, preservarlo y hacerlo más eficiente", al "canalizar los recursos y proteger mejor a quien más lo necesita".

Madrid, 30 jul.- El secretario de Estado de Seguridad Social, Tomás Burgos, ha defendido hoy la reforma de la Ley de Mutuas porque tiene el objetivo de "proteger el sistema, preservarlo y hacerlo más eficiente", al "canalizar los recursos y proteger mejor a quien más lo necesita".

En su comparecencia ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso de los Diputados, Burgos ha explicado que el proyecto de Ley de Mutuas, aprobado recientemente por el Consejo de Ministros, hará el sistema "más solido, eficiente y justo".

Una vez comience su trámite parlamentario, Burgos ha tendido la mano al diálogo y se ha mostrado dispuesto a generar "acuerdos y consensos" que mejoren la Ley, sin "abandonarse en posturas inmovilistas negando las reformas".

Entre las principales novedades del proyecto, se resuelve la demora en la respuesta de los Servicios Públicos de Salud a las propuestas de alta de las mutuas, al fijar 5 días para responder y, en caso de desacuerdo, resolverá el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en un plazo de 4 días.

Es decir, "tanto el alta como la baja siguen estando en los servicios públicos de salud", ha dicho Burgos, para después añadir que cuando existan discrepancias serán los facultativos del INSS quienes darán altas.

La norma también establece el mecanismo de "suspensión cautelar" de la prestación cuando el trabajador no comparece a una revisión, pudiendo recuperarla si justifica su ausencia en un plazo de 4 días, frente a la situación actual que se resolvía con un alta por incomparecencia.

Además, los partes de confirmación de bajas quedan reducidos a cuatro fórmulas, se eliminan los partes intermedios y se reforma la prestación por cese de actividad para los autónomos, porque ahora "pagaban por una prestación que no iban a poder cobrar nunca", ha dicho Burgos.

La portavoz socialista en la Comisión de Empleo, Isabel López i Chamosa, ha mostrado su postura en contra de esta reforma, porque modifica el nombre de la Ley, no se ha consensuado y, sobre todo, porque supondrá "la privatización de la sanidad pública", porque los plazos establecidos para el control de las bajas médicas son imposibles de cumplir.

El diputado del grupo parlamentario vasco EAJ-PNV Emilio Olabarría ha resaltado las contradicciones entre la filosofía del PP en materia mutualista y este proyecto de ley, en tanto que el diputado del grupo mixto, Sabino Cuadra, ha añadido que "se dibuja al trabajador enfermo como defraudador en potencia".

Por otro lado y preguntado por el descontento de la asociación de mutuas de accidentes de trabajo (Amat), el secretario de Estado ha asegurado que la reforma "atiende al interés general" y a la necesidad de modernizar su normativa que data de 1966.

El texto, ha dicho Burgos, aumenta la transparencia de la gestión de las mutuas al establecer reglas adecuadas para la constitución de las reservas y el uso de los excedentes, al mismo tiempo que las obliga a desprenderse de sus sociedades de prevención de riesgos laborales antes del 31 de marzo de 2015, lo que impedirá la competencia desleal y evitará que se genere una deuda con el sistema (actualmente supera los 40 millones de euros).

Para el diputado de EAJ-PNV Enrique Olabarría es "claramente injusto" que las mutuas tengan que hacerse cargo de los malos resultados que obtengan mientras el Gobierno se queda con sus beneficios.

A favor del mayor control sobre las mutuas se posicionaron el diputado del grupo mixto Sabino Cuadra quien ha indicado que estas entidades "no son angelitos", mientras que el de CiU Carles Campuzano se ha mostrado a favor de un mayor control administrativo" para "prever el abuso, porque existe".

También, el diputado de ERC Joan Coscubiela las ha denominado "el agujero oscuro de la seguridad social, con cargos hereditarios entre padres e hijos y retribuciones incontroladas".

Estas entidades de titularidad pública dan protección a 14.541.991 trabajadores, tanto por cuenta ajena como autónomos, y gestionan un volumen de cotizaciones de 9.027,3 millones de euros (a cierre de 2013).

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