San Juan, 2 dic.- La Cámara de Representantes de Puerto Rico aprobó hoy una subida del impuesto a los combustibles, medida con la que se pretende obtener liquidez y respaldar una nueva emisión de deuda en un momento de grave dificultad para la finanzas públicas de la isla caribeña.
La medida supondrá un aumento en el impuesto del barril de petróleo de 9,25 a 15,50 dólares que no entraría en vigor hasta el 15 de marzo, siempre que sea ratificada por el Senado.
Con 26 votos a favor por parte de miembros del gobernante Partido Popular Democrático (PPD), 23 en contra y una abstención fue aprobada una medida que ha generado gran polémica en las últimas semanas y que antes de pasar a la firma del gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla tiene que ser ratificada en el Senado, la otra cámara legislativa.
El apoyo a la medida, que contaba con reticencias incluso entre legisladores del partido del Gobierno, se consiguió tras la introducción de varias enmiendas y más de tres horas de intenso debate.
El legislador del PPD Manuel Natal votó en contra de la medida como ya había anunciado y después de proponer que se establezca un impuesto del 1,5 % sobre la repatriación de los rendimientos de capital de las corporaciones foráneas generado en Puerto Rico como forma alternativa de conseguir liquidez, propuesta que será analizada en el plazo de 60 días por un comité especial.
Otro de los legisladores del PPD que había puesto reticencias a aprobar la medida, Carlos Vargas Ferrer, votó finalmente a favor.
La oposición del Partido Nuevo Progresista voto en bloque en contra de la subida del impuesto.
La subida del impuesto está sujeta a un ajuste cada 4 años basado en el comportamiento del Índice de Precios del Consumidor comenzando el 1 de julio de 2017.
El presidente de la Cámara de Representantes, Jaime Perelló, dijo durante el debate que la medida se tomó en favor de todos los puertorriqueños y para evitar que los problemas financieros sigan repercutiendo en las próximas generaciones.
El legislador del PPD Luis Vega Ramos señaló por su parte que se trata de una iniciativa necesaria para atender el problema financiero del Banco Gubernamental de Fomento (BGF) de Puerto Rico, en graves problemas de liquidez debido, en parte, a las deudas millonarias que arrastra con la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT).
El gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, había convocado la pasada semana una sesión extraordinaria en el Legislativo para la aprobación de la subida, aunque la falta de apoyo hizo que se pospusiera hasta esta hoy.
Ante la falta de respaldo, el jefe del Ejecutivo anunció la interrupción temporal del servicio de autobuses y tren en el área metropolitana de San Juan, al alegar falta de liquidez para mantener las operaciones de esas compañías, dependientes de la ACT y de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI).
García Padilla aseguró que la subida del impuesto era la única forma de recaudar los fondos necesarios para mantener en operaciones las empresas del transporte público que operan en el área metropolitana de San Juan.
Oposición, sindicatos y organizaciones sociales rechazan la subida del impuesto por entender que se trata de otro golpe al "bolsillo" de los contribuyentes.
Después de que las autoridades federales amenazaran con retirar las ayudas que reciben esas compañías si dejaban de operar, García Padilla se retractó el domingo afirmando que ya contaban con todos los apoyos necesarios en el Legislativo para aprobar la subida del citado impuesto.
En un mensaje a la ciudadanía explicó que la subida forma parte de un plan para "poner al día" las compañías públicas y que un ajuste entre gastos e ingresos es la única manera de que éstas puedan pagar sus deudas al BGF y evitar así el colapso de las finanzas de Puerto Rico.
Su intención era recaudar unos 178 millones de dólares adicionales cada año que le ayudaran a sanear económicamente esas entidades y así aliviar en parte la crisis fiscal que atraviesa la isla desde hace ocho años y que es la más dura de las últimas siete décadas.
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