Cartes dispone del Ejército para luchar contra terrorismo y otras "amenazas"

Julia R. Arévalo

Asunción, 22 ago.- En sólo una semana en el poder, el presidente de Paraguay, Horacio Cartes, consiguió que el Legislativo aprobara hoy una enmienda legal que le facultará para usar al Ejército en el combate del terrorismo y cualquier "amenaza" a las autoridades.

El Senado ratificó hoy las enmiendas aprobadas el miércoles por la Cámara de Diputados a la Ley de Defensa Nacional y Seguridad Interna, de 1999, que permiten la actuación de las Fuerzas Militares en casos de "agresión interna" como el terrorismo.

Pero también se prevé su uso "cuando existieren amenazas o acciones violentas contra las autoridades legítimamente constituidas", sin necesidad de implantar el estado de excepción, como hasta ahora.

El Legislativo, donde habitualmente se eternizan los debates de cuestiones como infraestructuras vitales para la ciudadanía o impuestos esenciales para el Estado, actuó en esta ocasión en un tiempo récord que recordó la celeridad con la que también destituyó al presidente Fernando Lugo el 22 de junio de 2012.

Sólo once de 40 senadores presentes votaron en contra de la ley enmendada, entre ellos el hoy senador Lugo y su bancada del Frente Guasú (FG) y otros pequeños grupos izquierdistas, que alertaron del peligro del a su juicio excesivo poder que se entrega a Cartes.

"Es muy subjetivo dejarle al presidente de la República (decidir) qué es para él una amenaza", alertó Eduardo Petta, único senador del Partido Encuentro Nacional, mientras que Sixto Pereira, del FG, pidió a sus colegas no "hipotecar" la soberanía del Legislativo.

Pereira recordó la "historia trágica y negra de la dictadura" de Alfredo Stroessner (1954-1989), que tuvo "el control absoluto sobre los otros poderes" del Estado, pero los propulsores de las enmiendas replicaron que Paraguay ha superado aquella etapa y cuenta con una democracia consolidada.

Las enmiendas llegaron al Legislativo a pedido de Cartes, tras el último ataque atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), un pequeño grupo armado que opera en zonas boscosas de los departamentos de Concepción (nordeste) y San Pedro (centro).

El pasado día 17, cinco guardias de seguridad de una hacienda ganadera de una empresa brasileña en San Pedro fallecieron en el ataque, lo que elevó a unos 30 los muertos atribuidos al grupo desde 2005.

Cartes resolvió de inmediato el envío de fuerzas militares a la zona, que sólo estaban esperando la modificación de la ley para poder entrar en combate contra el EPP, una lucha hasta ahora a cargo de la Policía.

Los grupos de izquierda del Senado propusieron imponer ahora el estado de excepción, temporal y localizado, para que el Ejército interviniera de urgencia, y hacer una reforma pausada de la ley y de las propias fuerzas de seguridad.

"Sacamos a un elefante a seguirle a una hormiga", recriminó Miguel López Perito, de Avanza País (escisión del FG), convencido de que el Ejército no está preparado para combatir a una organización clandestina como el EPP.

Pero tanto los senadores del Partido Colorado de Cartes como los del opositor Partido Liberal defendieron que anteriores estados de excepción no sirvieron para acabar con el EPP, que ha sido calificado de "terrorista" por el nuevo Gobierno.

El colorado Luis Castiglioni criticó que faltó "voluntad y coraje de las autoridades para actuar" en contra de este "grupo de facinerosos" que "ha decretado la guerra contra el Estado".

"Hay que combatirlos y hay que combatirlos con fuerza", proclamó Castiglioni en su vehemente discurso.

Si bien "tenemos temor de que (las enmiendas) puedan ser usadas como un instrumento de totalitarismo", hay que "reconocer que la Policía ha fracasado" contra el EPP, subrayó la liberal Zulma Gómez, mientras su colega Fernando Silva recordó las inversiones que pierde Paraguay por la "percepción de inseguridad" que existe.

Martín Almada, uno de los representantes de las víctimas de la dictadura, comentó a Efe que la nueva legislación "convierte a todos los paraguayos en enemigos" potenciales y representa un "retroceso muy grande".

El abogado Vicente Morales alertó de que se trata de "una herramienta demasiado peligrosa" que está "dirigida a controlar intereses que chocan directamente con los de algunos sectores de la sociedad, que son los que definitivamente influyen en las decisiones".

"Es demasiada concentración de poder" en manos del presidente, dijo a Efe Morales.