Caso Miranda: ley antiterrorista británica es incompatible con DDHH

  • La ley antiterrorista británica es "incompatible" con la legislación europea sobre derechos humanos, dictó la justicia británica, en el caso del brasileño David Miranda, pareja de un periodista de The Guardian, que fue retenido 9 horas en un aeropuerto de Londres.

Miranda es pareja del periodista Glenn Greenwald, que publicó las informaciones filtradas por el analista de inteligencia estadounidense Edward Snowden.

El brasileño perdió el recurso planteando que la policía actuó ilegalmente al detenerle en el aeropuerto de Heathrow en 2013, cuando viajaba de Alemania a Brasil con información lograda por Snowden.

Al mismo tiempo, los jueces estimaron que un artículo clave de la ley antiterrorista del año 2000 -el anexo 7- , que amparó la actuación de la policía, es contrario a la ley europea y corresponde al Parlamento cambiarlo.

Ese anexo de la ley permite a la policía retener e interrogar a alguien hasta 9 horas, en puertos, aeropuertos y estaciones, sin que haga falta tener sospechas razonables de que esa persona es un terrorista.

Los detenidos están obligados a dar toda la información en su posesión que exija la policía, sin derecho a permanecer en silencio o a un abogado. El material tiene que devolverse en una semana, pero los datos de teléfonos y ordenadores pueden ser copiados y retenidos por la policía mucho más tiempo.

Para los jueces que estudiaron el caso, "el poder de detención, si se usa respecto a información o material periodístico, es incompatible" con la Convención europea de derechos humanos, dijo el juez John Dyson.

La pareja de Miranda, el periodista Greenwald, consideró que se trata de una "gran victoria".

"La Ley sobre Terrorismo viola derechos fundamentales porque no protege a los periodistas", añadió.

"El anexo 7 ha sido una mancha en nuestro paisaje legal durante años, increíblemente abarcador e intrusivo, invita a la discriminación y se usa mal rutinariamente", dijo Rosie Brighouse, de la organización de defensa de la libertad de expresión Liberty, que tildó el dictamen de los jueces de "victoria para la libertad de prensa".

Unas 60.000 personas son interrogadas cada año en virtud de ese artículo, y el gobierno insiste en que es necesario para investigar a pasajeros cuando no se dispone de la información suficiente para justificar su arresto.

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