Cambio en el caso Neymar: le juzgarán tres jueces al afrontar seis años de cárcel

  • El Juzgado Central de lo Penal remite el caso a la Sala ya que solo puede sentenciar delitos que no superen los cinco años de prisión.
Neymar
Neymar
EFE

Cambio de criterio en el caso Neymar. El titular del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, José María Vázquez Honrrubia, encargado hasta ahora de juzgar al futbolista por presuntas irregularidades en su fichaje por el Barça hace ahora siete años, ha decidido remitir el asunto a la Sala de lo Penal al existir en el procedimiento una acusación particular que pide seis años de prisión para él, informan fuentes jurídicas.

Tal y como ha adelantado 'La Vanguardia', Honrrubia no puede seguir al frente de esta causa puesto que la ley establece que solo puede juzgar causas con delitos que no superen los cinco años de cárcel. Sin embargo, el asunto recayó en este Juzgado en un primer momento puesto que la Fiscalía pedía un total de dos años de prisión para el brasileño por delito de corrupción entre particulares.

Las reglas del juego han cambiado al existir en este procedimiento acusaciones particulares, como el fondo DIS, que piden para él más de seis años de pena, de ahí que Honrrubia haya dejado el asunto en manos de la Sala que ahora decidirá cuál de las cuatro secciones (a excepción de la cuarta) juzgará y sentenciará este caso. El tribunal estará compuesto por tres magistrados.

El instructor de este procedimiento, José de la Mata, abrió juicio oral el pasado mes de mayo contra el jugador del París Saint-Germain, sus padres, el actual presidente del Barcelona Josep María Bartomeu, el expresidente del mismo Sandro Rosell (para quien la Fiscalía pide cinco años de cárcel) y el expresidente del Santos Odilio Rodrigues.

Además de los dos años de prisión, el Ministerio Público solicita que se le imponga a Neymar multa de 10 millones de euros por el fichaje que firmó con el club blaugrana en el año 2011 por 40 millones de euros. El instructor considera que en este proceso no se abonó la cuantía que se había estipulado a la agencia DIS, empresa que ejercía su representación, ya que aunque se pactó que recibiera 10 millones, finalmente percibió de la operación 6,8 millones de euros.

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