Catalá dice que "en absoluto" se estudia sancionar a los medios que publiquen filtraciones

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, dijo este jueves en el marco del Foro de la Nueva Economía que el Gobierno "en absoluto" estudia promover en España cambios legales o iniciativas para que se sancione a los medios de comunicación que publiquen filtraciones judiciales.

Catalá se refirió a esta cuestión antes de asistir en Madrid al citado encuentro informativo, organizado por nueva Economía Fórum y en el que participa esta mañana la fiscal general del Estado, Consuelo Madrigal.

Antes de iniciarse este encuentro, el ministro de Justicia fue preguntado por la reflexión que hizo el miércoles en Barcelona, en el sentido de que las instituciones europeas están debatiendo cómo mejorar la presunción de inocencia en los procesos judiciales. En este contexto, se refirió al debate sobre si sancionar a los medios de comunicación que publiquen filtraciones procedentes de los juzgados.

A este respecto, Catalá aseguró que sólo se refirió a este debate que existe en la Unión Europea, pero que "en absoluto" el Gobierno está estudiando promover en España reformas legales para castigar a medios de comunicación que den a conocer informaciones incluidas en sumarios bajo investigación.

"No estamos en absoluto en ningún proyecto de sancionar a los medios", aseguró el ministro, quien añadió que las iniciativas legales del Ejecutivo en matera judicial, como la reforma del Código Penal o de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, "van encaminadas al fortalecimiento de las garantías, a la defensa de los derechos de los ciudadanos y a agilizar la Justicia".

Sin embargo, añadió que "también es cierto que en el Parlamento Europeo y en la Unión Europea se está debatiendo una directiva sobre presunción de inocencia y a ese debate es al que yo me refería ayer", en referencia a sus palabras en Barcelona sobre eventuales sanciones a los medios de comunicación.

En este sentido, insistió en que lo que comentó este miércoles en la capital catalana es que en las instituciones europeas se está debatiendo "la necesidad de garantizar la presunción de inocencia, el derecho a un proceso justo".